Una mentira lo es y una verdad a medias, también. No por avanzar algo hacia lo cierto deja de ser una falacia. Igual que no por parecerlo lo es. Esto que parece un trabalenguas, y en realidad algo de lioso tiene, sucede con la Casa Real. Por más que quieran «democratizarse» y acercarse al pueblo, si no renuncian al privilegio de no tener que someterse a la ley como hacemos sus súbditos nunca conseguirán --quizá ni lo pretendan en realidad-- modernizar una institución anquilosada, cuestionada y cada vez menos garante de la estabilidad del Estado.
A pocos días del posado veraniego ‘real’ en Mallorca y distraídos a ratos por los vestidos de la Reina, la Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado la tramitación de una proposición no de ley del PNV para limitar la inviolabilidad del Rey. Quería hacerlo a través de la reforma de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin tocar la Constitución. Los letrados de la Cámara le han dado el alto por inconstitucional y PP, PSOE, PP y Vox la han vetado.
Más allá de que los representantes políticos elegidos en las urnas se posicionen sobre la Monarquía, de nuevo topamos con el sí pero no. Con el quiero pero no me atrevo. Los poderes del país se esfuerzan en dar una imagen de rectitud, honradez y responsabilidad de Felipe VI y su familia para enmendar el roto del emérito, que tiene pinta de nunca acabar, pero ninguno da un paso al frente para acabar con una de las mayores injusticias que recoge la Constitución como es proteger al monarca del imperio de la ley.
Porque esa es la razón que sus defensores aducen a día de hoy. El Rey desempeña un trabajo de relaciones públicas e institucionales, de director comercial, de ‘influencer’ vendedor de la marca España que dirían ahora los jóvenes. Sale barato, comparado con otras casas reales. Ha renunciado a la herencia de su padre y no presenta inconveniente en la publicación de las cuentas de la institución. Choca que en un país donde se potencia el esfuerzo, el emprendimiento y la igualdad haya quien, aun siendo de izquierdas, renuncie a su ideología cuando se refiere a la monarquía y reste importancia a la meritocracia y los privilegios.
Con el escándalo mayúsculo protagonizado por Juan Carlos I ha llegado la hora de poner las cartas boca arriba. No caben más prórrogas ni más excusas. Le honraría incluso ser él mismo quien renunciara a esa protección ‘divina’, por lo menos la relacionada con sus actos personales. Sorber y soplar al mismo tiempo no es viable. Ni para el Rey ni para aquellos partidos que mantienen un discurso en público y otro en privado. Que los ciudadanos, aunque no lo parezca, entre chascarrillo y simplismos, tomamos nota.
