El mundo es una pura injusticia. Mientras algunos países nadan en la abundancia, otros muchos se empobrecen cada vez más; mientras la lista Forbes de los multimillonarios exhibe de modo obsceno la riqueza de unos pocos privilegiados, cientos de miles de personas carecen de lo más esencial para vivir, hasta el punto de morir de hambre muchas de ellas. Una desigualdad flagrante que circunstancias como la pandemia del covid primero y la descontrolada inflación después no han hecho más que agravar. De ahí la oportunidad del proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que ha anunciado el Ministerio de Agricultura; una iniciativa que, tras seguir su cauce parlamentario, vendrá a poner orden normativo al despilfarro de productos perecederos que podrían solucionar la supervivencia de numerosos seres desfavorecidos por la suerte, a veces tan cercanos a nosotros que podemos tenerlos en la puerta de al lado sin saberlo.
Y es que prevenir ese derroche a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y dar una segunda vida a los excedentes es una prioridad absoluta para frenar un problema de claro impacto económico. Que nos lo digan si no a los consumidores que desde hace meses vemos multiplicarse el precio de la compra en el supermercado, con amenaza incluso de desabastecimiento de algunos productos tras haberse disparado los costes energéticos. O que se lo digan a grandes zonas subdesarrolladas como África, que ya antes de la guerra de Ucrania no levantaban cabeza y ahora lamentan impotentes que puedan perderse las cosechas de cereales de ese granero del mundo sin que les lleguen por tenerlas Rusia bloqueadas.
Pero las consecuencias no son solo económicas, también lo son medioambientales, pues el desperdicio alimentario supone cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta, y por supuesto sociales y hasta éticas. Un informe reciente de la ONU denuncia que el español medio tira 77 kilos de comida al año, y aunque el Gobierno rebaja la cifra a 31 -el equivalente a unos 250 euros por cabeza echados a la basura- el dato es lo suficientemente demoledor como para zarandear conciencias y tomar medidas. A partir de enero, en que se prevé que entre en vigor la ley, se instaurará el derecho de todo cliente de bares y restaurantes a llevarse a casa lo que ha dejado en el plato, algo que hasta ahora estaba mal visto por estos lares del quiero y no puedo al considerarse un gesto tacaño. Lo que no quita para que en Córdoba, según contaba Araceli R. Arjona en este periódico, el 90% de los establecimientos hosteleros estén ofreciendo ya envases -lo suyo es que sean de material reciclado- para llevarse unas sobras que todavía no demanda más que el 10% de los comensales; aunque la tendencia, antes incluso de que las autoridades lo decreten, es a subir, superando prejuicios hipócritas y vergüenzas. Por otro lado, sin olvidar que es en los hogares donde se administran peor los desechos, desdeñado ya aquello de hacer croquetas con los restos del cocido, se multará a los agentes de la cadena alimentaria que no dispongan de un plan de prevención de pérdidas. Y es que según la FAO el 30% de los alimentos en el mundo se desperdician por el camino entre el primer eslabón productivo y su llegada al ciudadano.
Pero todo no es oscuro. También están surgiendo nuevos hábitos como el uso de aplicaciones del móvil que permiten comprar barato en tiendas y grandes superficies lotes de productos poco vistosos pero igualmente nutritivos. Y sobre todo crece la generosidad de establecimientos, colegios y voluntariado, como muestran las cifras ofrecidas estos días en Córdoba por el Banco de Alimentos Medina Azahara y por Cáritas. Es una cuestión de justicia.
