La ruptura por parte de Argelia del Tratado de Amistad y Buena Vecindad firmado con España en 2002, y la inmediata suspensión por parte de la banca argelina de las domiciliaciones para operaciones de comercio exterior, lo que congela en la práctica la importación y exportación de productos entre España y Argelia, abren un rosario de incógnitas sobre la repercusión real que tales medidas pueden tener en el suministro de gas y sobre el futuro de todas las empresas españolas con intereses económicos en el país norteafricano, entre ellas las cordobesas, que tienen un negocio de 25 millones de euros con el país africano. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura haber recibido garantías al máximo nivel del Gobierno argelino acerca del mantenimiento del suministro, las gestiones urgentes para recabar el apoyo de la Unión Europea y que el ministro haya avanzado la necesidad de dar una respuesta «serena, pero firme» dejan claro que la tensión entre Madrid y Argel es indiscutible y que se pueden prever días difíciles.
España dio un giro radical en relación al Sáhara Occidental para apoyar la solución autonomista auspiciada por Marruecos, tanto como ejercicio de realismo a la hora de encontrar una solución viable a la situación del pueblo saharaui como con el objetivo de obtener beneficios tangibles en forma de alivio de la presión permanente de la vecindad marroquí sobre Ceuta y Melilla. Un movimiento estratégico que hubiera sido impensable en las últimas décadas, no solo por el peso de la deuda histórica de España con los saharauis sino también por el tradicional equilibrio de fuerzas, influencias e intereses en el área del Estrecho. Sin embargo, la realidad geoestratégica ha cambiado: tanto el compromiso de Estados Unidos en la estabilidad de la región como, consecuencia de la guerra de Ucrania, el mercado internacional del gas y la capacidad de Rusia de ejercer como soporte del régimen argelino.
Igual que la política exterior de España se ha redefinido ante esta nueva realidad, Argelia también ha reaccionado tensando la cuerda en su relación comercial con España y tendiendo la mano a Italia como nuevo socio preferente en el suministro de gas. Los riesgos no son menores, empezando por la amenaza de agrietar la excepcionalidad ibérica recién aprobada por la Unión Europea, puesto que depende de que el gas argelino -25% del consumo español- fluya sin interrupciones ni contratiempos y sus efectos pueden quedar relativizados con un hipotético aumento del precio que paga España por el gas importado. Y siguiendo por el hecho de que Argelia es un actor fundamental en la política de seguridad española (cooperación antiterrorista) y en la gestión de los flujos migratorios con origen en la costa argelina.
Pero no es menos cierto que el margen de maniobra del Gobierno argelino, con una población castigada por la crisis económica y la corrupción rampante, es muy relativo. Que renunciar a sus acuerdos de exportación con España es un escenario no imaginable. Y que su reto, especialmente las trabas al comercio con España, implica al conjunto de la Unión Europea, en tanto que cuestiona el Acuerdo Euromediterráneo vigente desde el 2005 y que el cambio de enfoque de la relación española con Marruecos no está desvinculado del conjunto de la política exterior europea.
En este sentido, el apoyo expresado por el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, instando a Argel a «dar marcha atrás» en una decisión que ha calificado de «extremadamente preocupante» es significativo. La resolución del conflicto será bilateral, pero era necesario un mensaje explícito como el que lanzó el viernes la UE tras el encuentro entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el comisario de política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis. Así, la Unión Europea amenazó con represalias si no reconduce diplomáticamente la relación comercial con España. «La UE está preparada para hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva aplicada contra un Estado miembro de la UE», señaló el comunicado oficial, que añadía la voluntad de «favorecer el diálogo para solucionar las controversias». Pero la diplomacia argelina denunció «precipitación» de la CE, pues su disputa con España no afecta a los compromisos adquiridos en el marco de la UE. El problema, por tanto, continúa abierto, y será necesario hacer un esfuerzo negociador que le ponga fin y cierre este delicado flanco geoestratégico.
