Encaramos un nuevo Primero de Mayo en un contexto intrincado. La menor incidencia de la pandemia abre la puerta no ya a la recuperación sino al crecimiento económico y, con ello, al aumento del empleo. Somos conscientes también de que la inflación provocada por el incremento de precios, especialmente de la electricidad, el gas y la gasolina, está lastrando la actividad económica y, sobre todo, la capacidad de gasto de las familias que en un año han visto incrementar el coste de la cesta de la compra en torno a un 10%.
En este difícil contexto, CCOO está alerta para que los trabajadores y trabajadoras no se conviertan una vez más en la cabeza de turco que paga todos los platos rotos mientras otros engordan sus cuentas de resultados. De ahí la importancia de un acuerdo como el de la reforma laboral que va a posibilitar una mayor estabilidad en el empleo a miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia. Una seguridad laboral imprescindible para mantener la capacidad adquisitiva y con ello, la de consumo que, igualmente, es primordial para el sostén de la microeconomía local.
En este ámbito, la subida del SMI es igualmente primordial para frenar y revertir el progresivo empobrecimiento de las personas trabajadoras. No es de recibo que haya quién, aun con un trabajo, no pueda cubrir sus necesidades básicas y se vea abocado a la pobreza. Hay que avanzar en el acercamiento del SMI al salario medio europeo para evitar el deterioro social y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia.
De hecho, ese es el lema de este Primero de Mayo: Subir salarios, contener los precios y más igualdad.
La inflación no es el único reto al que nos enfrentamos en este año en el que tendremos una importante cita con las urnas, o lo que es lo mismo, la oportunidad de decidir las políticas que deben dirigir el desarrollo de la provincia en los próximos años, unas políticas que tienen que defender a las empresas pero también y sobre todo, a la población cordobesa. Son necesarias políticas que pongan a las personas en el centro y para ello es imprescindible colocar a los servicios públicos en primer lugar porque son los que garantizan un trato igualitario.
En especial, tenemos que defender dos pilares básicos del estado de bienestar: la educación y la sanidad. Sin una ciudadanía bien formada e informada no es posible alcanzar las cotas de desarrollo y la igualdad real a la que aspiramos los demócratas. La sanidad y los servicios sociosanitarios son pieza angular de una sociedad equitativa en la que los cuidados de menores y personas mayores y/o dependientes no lastren el acceso de la mujer al empleo.
Debemos aprender de la experiencia. De la pandemia hemos salido gracias al esfuerzo compartido de empresariado, agentes sociales y gobiernos. No echemos en saco roto los planes de Choque del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta de Andalucía para paliar los efectos de la pandemia. No achaquemos a la pandemia todos los defectos de nuestro sistema productivo, ni a la guerra de Ucrania ni a la subida de la luz. La reforma laboral ha demostrado en solo 3 meses que la excesiva temporalidad no estaba justificada y que otro modelo laboral es posible -y necesario-.
Un modelo laboral en el que la mujer debe tener, por fin, la igualdad de oportunidades que aún hoy no disfruta. Hay que impulsar un cambio de mentalidad que despoje a la mujer del rol de cuidadora por defecto, así como los cambios organizativos que procuren dicha igualdad. En este ámbito, los planes de igualdad son una herramienta crucial para que contratar no tenga que ver con el sexo de la persona candidata sino con su valía e idoneidad para el puesto.
Ese cambio de mentalidad debe ir mucho más allá. Ya es hora de que las personas con discapacidad accedan al empleo ordinario y de acabar con los guetos de los centros especiales de empleo, que no están cumpliendo su papel de puente entre la formación y el mercado laboral para personas con discapacidad. Ya es hora de acabar con la tiranía de la edad en la contratación. El desempleo pasados los 45 no puede ser una condena para quienes lo sufren. No tiene justificación cuando la mayoría de estas personas tienen la experiencia, la formación y las ganas necesarias para desempeñar puestos de trabajo que las empresas se empeñan en cubrir con trabajadores y trabajadoras más jóvenes y, en muchos casos, menos exigentes de sus derechos laborales.
Tenemos la fórmula, ahora es el momento de aplicarla.
