El viaje que le queda por hacer a nuestro sistema de penas privativas de libertad es el que media entre Rousseau y Dostoievski. Lees el artículo 25.2 de la Constitución y todo queda claro: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad penales estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Con esto la conciencia permanece tranquila y dejamos dormir a pierna suelta al hemisferio no más bondadoso, sino más buenista del cerebro, porque el legislador constitucional se deja fuera la venganza, o incluso la mera prevención, como finalidad de las penas privativas de libertad, con el eje constitucional de que el fin de esa pena privativa de libertad no es sólo el castigo -que también-, sino la posibilidad de reinserción. Luego suceden crímenes horrendos, de un salvajismo extremo -como el de la muchacha de Igualada a la que han tenido que reconstruir la cabeza cinco veces-, y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Pero cuestionar el artículo 25 de la Constitución, eso no. Pienso, también, en el permiso de tres días al pederasta más terrible que ha conocido nuestra historia criminal. Tres días, contra el criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión de Las Palmas II. ¿Va a estar permanentemente vigilado? Estoy a favor de la reinserción social para reos de todos los delitos, salvo los cometidos con especial crueldad física contra las personas: los que infligieron terribles sufrimientos a sus víctimas. Si todos los derechos fundamentales contemplan unos límites, ¿por qué la reinserción social no tiene también sus excepciones? No es venganza, ni tampoco un aviso, sino una razón de protección social. El legislador que no sale de Rousseau sigue creyendo hipócritamente que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe, por lo que esa misma sociedad debe aceptarlo. Pero si lees a Dostoievski sabes que hay un mal absoluto que existirá siempre por sí mismo, y ese salvajismo hay que afrontarlo.
*Escritor
