La picaresca es una de las señas de identidad de nuestro país. Desde El Lazarillo de Tormes hasta nuestros días tenemos ejemplos y las últimas alzas de precios, ya sea en la luz, los combustibles o los productos de primera necesidad, han sido buena muestra de ello.
Siempre habrá quien se aproveche del perjuicio de otros en su propio beneficio y no hablo de las comisiones por venta de material sanitario en Madrid, que daría para otro artículo, sino de lo que ha ocurrido con la gasolina y productos de la cesta de la compra a raíz de las protestas de los transportistas.
La asociación de consumidores Facua ha denunciado que más de 200 gasolineras del país aprovecharon el anuncio de que el Estado iba a aplicar una bonificación del 20% en el precio de los carburantes para, unos días antes, ir subiendo el precio del gasoil y la gasolina, de forma que, en la realidad, la bonificación no iba a ser la prometida. 230 son pocas en relación a las 11.700 gasolineras que hay en España, pero sí es un número significativo para ejemplificar esa picaresca y ese aprovechamiento del prójimo.
No entro en si, de no haber hecho eso, se veían abocadas al cierre por no poder asumir la bonificación, pero desde luego es éticamente reprobable y además va en contra de la Ley y deja al consumidor desprotegido, como ha denunciado Facua ante ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y el Ministerio de Consumo.
Pero lo que ha pasado con la gasolina ha pasado también con otros productos esenciales después del paro del transporte. Porque entonces, el desabastecimiento hizo subir los precios, del aceite de girasol, de los huevos, de conservas y muchos ya se temían que, cuando la situación se resolviera, esos precios no iban a volver a ser los de antes del parón sino que ya, de paso, iban a sufrir un ligero incremento. De nuevo el consumidor queda desprotegido y parece que no queda más que resignarse cuando la administración debería estar muy vigilante para que eso no sucediera y no tuvieran que ser las asociaciones de consumidores quienes fueran con la lupa haciendo comprobaciones y denunciando. La picaresca de unos no debe suponer un perjuicio para los ciudadanos y las administraciones deben velar porque esto no suceda y aplicar la Ley para imponer las sanciones oportunas. El consumidor también tiene derechos.
