Hace meses, el Banco Central Europeo (BCE) se había propuesto allanar el camino para la subida de los tipos de interés de forma gradual, y acompañar una recuperación que se intuía con el fin de la pandemia. La subida de los precios de la electricidad dio una primera voz de alarma de que aquello no iba a ser tan fácil como se esperaba. El año 2022 comenzó con tensiones geopolíticas en varios frentes y con el fantasma de la inflación llamando a la puerta, y el estallido de la guerra de Ucrania -y sus efectos económicos más allá del campo de batalla- ha acabado por convencer al organismo presidido por Christine Lagarde de que era necesario un cambio de guion. La dependencia de Europa del gas y el petróleo ruso ha encarecido estas materias primas, con consecuencias que los ciudadanos europeos ya han notado en su cesta de la compra. El precio de la gasolina y otras materias primas están en máximos, las empresas han visto su factura energética disparada y temen cierres y pérdidas de cientos de miles de empleos. Hay pocas esperanzas de que se disipe el escenario del petróleo caro, así que, ante una inflación que ya en febrero estaba en cotas altísimas (el 5,8% en la zona euro, y en España aún mayor: 7,4%) el BCE estaba obligado a actuar. Obligado en el sentido literal del término, puesto que el mandato del banco central es controlar los precios. No será fácil.

Dos grandes presiones parecen estirar en sentidos contrarios en estos momentos. Por un lado, la escalada de la inflación; por el otro, el temor a una recesión debido a la guerra de Ucrania. El BCE debe caminar como un funambulista sobre el hilo para no causar desequilibrios en las economías de los países europeos. Los manuales dicen que para contener la inflación es bueno subir los tipos de interés. El BCE, además, los mantiene en el 0% desde 2016. Pero si se sube el precio del dinero, los créditos serán más caros, para particulares, para compañías privadas y también para los estados a la hora de financiar su deuda pública. Mal asunto si no hay un crecimiento económico robusto. De modo que, antes de poner fecha a la temida subida de tipos, Lagarde confirmó que el BCE reducirá la compra masiva de deuda. Ya lo había anunciado en diciembre, pero ahora ha acortado los tiempos: el endurecimiento de las medidas se ha acelerado. Así, en el tercer trimestre de este año podrían retirarse los estímulos monetarios, a lo que seguiría una posible subida de tipos de interés.

España tiene motivos de preocupación. Es uno de los países europeos que más se han beneficiado de la política expansionista para afrontar el elevado gasto público derivado de la pandemia (los ertes, por ejemplo). Y los frecuentes episodios de fricción tanto dentro del Gobierno de coalición como entre este y el PP, el primer partido de la oposición -a falta de ver cómo lo posiciona en adelante Alberto Núñez Feijóo- podrían hacer que el Ejecutivo afronte con debilidad política esta nueva etapa económica. En un mensaje a los gobiernos, Lagarde les alentó para que adopten medidas fiscales que contrarresten los efectos de las decisiones del BCE. Es decir, más gasto público. También los empresarios reclaman actuaciones, en su caso, para limitar el precio de la energía. Difícil encaje en un país con uno de los mayores niveles de deuda y déficit público de la Unión Europea.

La situación se acerca a la tormenta perfecta, pues a los efectos ya plasmados de grandes subidas de precios en energía y materias primas -que se iniciaron antes de la guerra de Ucrania- se suma la incertidumbre acerca del desarrollo de este conflicto bélico que, en los términos actuales, hace temer una recesión económica. Estos días hemos venido publicando las situaciones cercanas de desabastecimiento, de incremento constante de los precios de los combustibles y electricidad que ponen en jaque la viabilidad de las empresas cordobesas, de inquietud en los sectores económicos. El reelegido presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, lo definía con claridad: las empresas, «heridas» por el covid, sufrirán un fuerte impacto por la guerra de ucrania. La Conferencia de Presidentes autonómicos que se reúne hoy en La Palma buscará una respuesta unitaria y coordinada de Gobierno y autonomías en aspectos como la acogida de refugiados, la energía y la ciberseguridad, pero hay mucho más. Los reunidos deben buscar fórmulas para dar respuesta a una crisis que se acerca, que puede hundir la economía y generar una enorme tasa de paro, y para la que quizá -basta ver los propósitos del BCE- ya no queden los instrumentos que han permitido afrontar con bastante éxito la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.