La festividad de san Raimundo de Peñafort que hoy celebramos, destacado intelectual del siglo XIII que llegó a ser general de la orden de predicadores, confesor y consejero del rey Jaime I de Aragón, nos sirve como reflexión para acercarnos a la realidad de la Justicia y el Derecho en nuestros días, siendo el santo barcelonés patrono de los juristas y de cuantos intervienen en la Administración de Justicia, de las Facultades de Derecho y de quienes ejercen la abogacía. Desde el año 1944 se creó, además, la Orden de la Cruz que lleva su nombre, como condecoración civil española que otorga el Ministerio de Justicia y premia los méritos relevantes tanto de los operadores jurídicos que aplican el Derecho, como de quienes lo estudian en todas sus ramas. La conocida popularmente como «raimunda», con la que han sido distinguidos ilustres compañeros.

Mirando al jurista, un buen profesional del derecho debe aglutinar, al menos, cuatro cualidades: ser apasionado de su trabajo al que va a dedicar muchas horas y parte de su vida, consistiendo además en la noble misión de defender las libertades y derechos de los demás. Estar bien formado, como tantos otros profesionales, para conocer la técnica del Derecho, compuesto por unas normas muy extensas que se van renovando junto con su aplicación jurisprudencial. Tener empatía con la gente, ponerse en el lugar de los otros, con una concepción realista de la aplicación de la norma. Y por supuesto tener un alto sentido de la Justicia, que consiste, como dijera Domicio Ulpiano en el siglo III, en el derecho de dar a cada uno lo suyo.

La Administracion de Justicia, otra de las protagonistas, es la cenicienta de las administraciones. La falta de medios materiales es notoria pese a los avances de los últimos años. La ratio de jueces en nuestro país está en el 50 por ciento de la media europea, y la planta y distribución de los mismos obedece a un modelo de gestión ya superado. La justicia que es lenta no es justicia, señalaba nuestro paisano Séneca.

Y el Derecho es la herramienta que hace posible la convivencia cuando está basada en criterios de libertad, de justicia, de respeto a los derechos humanos, de inclusión y de pluralismo. Por eso los estados democráticos modernos, frente a los regímenes absolutistas de antaño, a las dictaduras o los modelos teocráticos, proclaman hoy el Estado de Derecho. Que significa el imperio de la ley frente a la que están sometidos todas las instituciones, poderes del Estado y ciudadanos, como proclama el artículo 9 de nuestra Constitución. Derechos que gozan de la tutela no solo de las administraciones públicas, sino también del poder jurisdiccional que ejercen los Tribunales de Justicia. Y esto, que resulta uno de los pilares básicos de nuestra convivencia, y es la piedra angular del Estado democrático y social de Derecho que consagra nuestra Constitución, resulta hoy atacado frontalmente cuando desde el propio gobierno de algunas Comunidades Autónomas como la catalana, en el caso del colegio de Canet de Mar, se proclama la desobediencia a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al menos a un 25 por ciento de clases en castellano, y se exhibe el incumplimiento de las leyes legítimas y democráticas que rigen nuestra convivencia. Proclamación pública, realizada por autoridades del Estado, que es de una gravedad máxima como ha denunciado la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona. Las leyes si no son adecuadas se pueden cambiar, y lo vemos a diario. Pero el respeto y cumplimiento de la legalidad no está sujeto a la conveniencia política ni al criterio de las mayorías parlamentarias autonómicas. Esto, otro barcelonés, entonces del reino de Aragón, Raimundo de Peñafort, cuyos restos descansan en la catedral de Barcelona, lo tenía bastante claro.

*Abogado y mediador