Era mi intención dedicar este alegato de hoy a un asunto relativo al desfase generacional, pero a la vista de las primeras páginas de los periódicos de los últimos días y de quiénes eran sus protagonistas y víctimas, he decidido dejar mis problemas de adaptación social para otro día y atender lo urgente e inaplazable.
Parece increíble que en una sociedad tan reivindicativa de derechos, -incluso para los animales, dejando ya de ser considerados cosas-, me vea obligada a recordar que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959, entre los diferentes derechos reconocidos a la infancia, expresamente obliga a asegurar el derecho a la dignidad a través de la protección física y mental. Esta protección pasa por no permitirnos ni estar justificada, bajo ningún concepto, licencia que pueda implicar una agresión física o psicológica a un pequeño, ya sea dicho ataque de presente o de resultado futuro, de forma que pudiese afectar a la estabilidad en su desarrollo hasta la edad adulta.
Pues bien, esas tres noticias a las que hago referencia tienen como protagonistas a unos pequeños a los que están «utilizando»; a los que se les está «agrediendo»; a los que se está poniendo en peligro su desarrollo emocional y a los que solo me referiré a ellos por detalles, no por nombres, porque en otro caso estaría cayendo en el error que repruebo.
Hablo de un menor cuyo abuso sexual estaba documentado y probado en un procedimiento judicial que nada tenía que ver con ese delito, -la causa era por sustracción de menores de uno de sus progenitores-, y que por la desesperación del juez, ante las presiones mediáticas para excarcelar al progenitor condenado, se ha visto obligado a motivar el Auto en base a esos abusos y el temor a que se reiteren, dejando expuesto el dato a la opinión pública y mediática y con ello al propio menor abusado. No culpo al juzgador, porque un auto judicial debe ser motivado. Culpo a quienes con sobrada conciencia social, feminista y solidaria, pero sin ningún escrúpulo infantil, han entregado a la prensa ese Auto Judicial para que en la memoria histórica de ese niño siempre quede algún recorte de prensa que le recuerde su desgracia.
Hablo de un infante de escasos cinco años de edad, que apenas si deletrea las vocales y cuenta hasta diez, sin saber qué está ocurriendo, sus propios progenitores se han erigido abanderados de un idioma en terreno hostil, obligando al centro educativo en el que el menor cursa infantil a cumplir una sentencia ganada. Es cierto que ese niño tiene derecho a hablar y a que le hablen en tantos idiomas como su intelecto le permita y que si hay una sentencia ganada y firme hay que cumplirla, pero ninguno de esos motivos justifican que a ese menor se le convierta en víctima de un acoso mediático y mucho menos que se le utilice para conflictos políticos.
Y para finalizar, hablo de todos nuestros niños y niñas, a los que el Sr. Garzón ha dicho querer defender gastando 80.000 euros en un anuncio y una huelga de juguetes para que no sean sexistas. Ignoro qué juguetes le traían a él los Romanov cuando pequeño. Los que los Magos de Oriente traían a mis hijos solían no tener sexo, sino género: el libro, el puzle, las acuarelas, la bicicleta, etc. En todo caso, creo que ese desembolso económico y dado su ministerio y competencias, hubiera estado mucho mejor invertido en asegurar que todos nuestros niños, sean del sexo que sean, no pasen frío la noche de reyes o de Zares, por el precio de la luz.
** Abogada laboralista
