Resulta significativo que en numerosas capitales españolas se haya disparado el interés por la vacunación contra el covid-19, coincidiendo, claro está, con la extensión a buena parte de nuestra geografía de la exigencia del certificado o «pasaporte» covid para acceder a centros sanitarios, instituciones, locales de ocio, hostelería o espectáculos. Andalucía acaba de sumarse, tras la autorización del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), a las muchas autonomías que exigen ya la presentación o bien del certificado de vacunación o bien de pruebas recientes que acrediten que no hay contagio. Andalucía solo lo pide en este momento en hospitales y residencias de mayores, pero en unos días, si el TSJA lo autoriza, se ampliará esa exigencia al sector hostelero (que aplaude la medida) y a otras actividades. La medida es discutida, pues a fin de cuentas no está garantizado que impida por completo los contagios y puede interpretarse como una forma de presionar a la población que, al no vacunarse, pone en peligro a los demás. Y a sí misma, como demuestra el elevado porcentaje de personas sin vacunar ingresado en las ucis del covid. A más población vacunada, menos se extiende el virus, y menos daño hace cuando se produce la infección, y es legítimo, por razones de salud pública y económicas, que la sociedad se defienda del daño que puede ocasionar la insolidaridad de unos pocos. 

Los contagios están subiendo, exponencialmente en algunos países de Europa, pero también avanzan en España. Andalucía ya ha superado los 150 casos por 100.000 habitantes, aunque sin sobrecarga en hospitales gracias a la vacuna. La variante ómicron introduce más incertidumbre, y si queremos que las fiestas navideñas transcurran con alegría, además de mantener las precauciones personales, especialmente la mascarilla y la distancia social, el certificado covid puede ayudar, y mucho.

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