El 43º aniversario de nuestra Constitución pasará, un año más, sin pena ni gloria en el espectro de las conmemoraciones. Se trata de una celebración anodina e insulsa, que evidencia la situación política del país y la percepción general sobre el primer texto jurídico español. El Día de la Constitución se celebrará en términos institucionales, de forma preceptiva y festiva, pero con el avalúo de la más completa indiferencia y desinterés por cualquier tipo de debate; aunque en términos institucionales se revista con la debida solemnidad. La situación de Calma-chicha que se constata no es de ahora, sino una rémora que resulta muy difícil de abordar. La situación resulta preocupante, tratándose de la norma principal de un Estado a la que no se quiere ni mirar. Lo mejor es no hablar siquiera de ello. Como decía muy bien Ortega Morán, refiriéndose a la expresión marinera, no es simplemente quietud por la fatiga (remanso, descanso de turbulencia), sino desesperanza por no haber ni blanco ni negro, ni bien ni mal; es la que sabe a muerte (inquietante, por ausencia de viento). La Constitución Española se encuentra en ese punto de inquietud desesperante, sin encontrar cauces de solución más allá de la dejación y abandono. Las situaciones políticas actuales constituyen el mayor argumento de los líderes, de unas y otras tendencias, para ignorar por completo la materia. Para pasar por alto el abordaje no faltan escusas que sirven de burladero, desde el acuciante COVID (que sigue con nosotros) que permite soslayar actos oficiales de relumbrón, al complejo puzle de relaciones precarias de apoyos parlamentarios para los Presupuestos; la disparidad de enfoques partidistas sobre la Constitución, con la que siempre saltan chispas, etc. El resultado de todo ello no puede ser otra cosa que la imposible aritmética para ningún tipo de movimiento, que acaba siendo gravoso para las fuerzas de poder que ocupan los escaños de los diferentes colores.

En la otra cara de la moneda se encuentra un texto constitucional que a todas luces requiere miradas detenidas para modificaciones imprescindibles. Las reformas (de mayor o menor calado) son acuciantes después de casi medio siglo de vida, sin apenas se tocado (solamente dos veces con cuña: para insertar la cuestión del déficit y la inclusión de extranjeros en el censo electoral). Evidentemente, España no es la misma de 1.978; ni tiene la Historia de otros estados bien consolidados durante centurias. Algunos temas de imprescindible reforma son de especial sensibilidad social, y otros de extraordinaria necesidad política de altura. Entre los que claman al viento se encuentra la supresión machista de la primera norma del Estado, que asienta la prioridad del varón sobre la mujer en la sucesión del trono (art. 57); a estas alturas resulta completamente chirriante y vergonzoso; así como otras cuitas de gravísimo porte en relación con la Corona. De fortísima necesidad es también la cuestión territorial, en su definición más básica de comunidades autónomas, que ni se mencionan en el primer texto jurídico de España. Difícilmente se pueden abordar esas cuestiones cuando están en plena candencia las aspiraciones de comunidades autónomas con las que el Gobierno tienta diariamente pulsos de poder. La Constitución requiere nuevos planteamientos en la definición del modelo territorial, o cuando menos debates que clarifiquen y ayuden a la reflexión, porque constituyen problemas de primera magnitud que embargan nuestras vidas durante décadas. Asimismo las instituciones y poderes del Estado se encuentran constantemente en sol-fa, con grandes déficits que no es preciso comentar por su ineficacia (Senado, Consejos...). Sobre todo ese mare magnum de líneas rojas destaca la inexcusable la incorporación de nuevos derechos y libertades, que a día de hoy no se encuentran en el texto constitucional y comportan una perspectiva imprescindible en el mundo en que vivimos, como las referencias a los nuevos instrumentos de comunicación, medio ambiente y derechos sobre temas sociales sensibles (exigencias de igualdad de género, consolidación de derechos sociales, supresión de expresiones estigmatizantes para determinados colectivos con discapacidad), etc. Todas estas carencias de la Constitución impiden y dificultan la solución de los problemas sociales que existen en la actualidad. Si verdaderamente es cierto que el texto constitucional es un pilar importante de la democracia, sus debilidades lo son en la misma proporción de su proyección negativa en la realidad. La Constitución Española transita, como decimos, por esa calma-chicha inquietante.

* Doctor por la Universidad de Salamanca