El coronavirus ha puesto de manifiesto que la industria agroalimentaria española goza de una excelente salud. En una coyuntura muy compleja, con una crisis sanitaria mundial con gravísimas consecuencias económicas y sociales, las empresas de alimentación y bebidas, junto con todos los eslabones de su cadena (agricultura, logística, distribución) han sido capaces de dar una respuesta sin precedentes en condiciones muy difíciles.
La situación vivida también ha acelerado una serie de cambios que afectan a la sociedad y al comportamiento de los consumidores, con las nuevas tecnologías en el epicentro de la trasformación. Asimismo, se están produciendo cambios, muchos de los cuales tienen como punto de partida directivas comunitarias relacionadas con la economía circular que generaron la propuesta de la Comisión Europea del Pacto Verde, del cual dimanan dos estrategias que afectan al sector: “la de la Granja a la mesa” y “la de biodiversidad”. El impacto de la pandemia ha tenido una respuesta valiente con el Plan de Reconstrucción europeo dotado de los fondos Next Generation y una cierta mutualización de la demanda, que si se ejecutan bien nos permitirá afrontar esta necesaria transformación de manera más sostenible y digital en los próximos años.
Estamos ante un nuevo contexto europeo que apuesta por la cohesión social y el reequilibrio entre los territorios, donde el mundo rural -en el que industria agroalimentaria juega un importante papel vertebrador- está llamado a ser parte fundamental. Es necesario reducir las diferencias de desarrollo y promover el reequilibrio poblacional, favoreciendo digitalización de los entornos rurales y combatiendo la pérdida de la biodiversidad, entre otras cosas. El aumento del teletrabajo abre nuevas oportunidades para que actividades económicas con un alto valor añadido se relocalicen en zonas rurales y de montaña. Para ello, hay que dotar de recursos e infraestructuras a estos territorios, con un mejor acceso a las redes de conexión.
En España, la Ley de la Cadena, la iniciativa legislativa sobre Desperdicio Alimentario, la propuesta de Presupuestos Generales del Estado 2022 en el que se destinan cerca de 9.000 millones de euros al sector agroalimentario y el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) específico para el sector deberían ser un fuerte impulso para avanzar en la trasformación.
Las empresas estamos de acuerdo en que el modelo actual debe reinventarse. Somos conscientes de que jugamos un papel fundamental, por lo que llevamos años dando grandes pasos sin los cuales sería imposible conseguir avances significativos. Este esfuerzo ha sido reconocido por la ONU en la Cumbre de Sistemas Alimentarios en cuyas conclusiones se ha destacado el importante papel y la apuesta por la innovación y modernización que está desarrollando la industria agroalimentaria.
El sector participo en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26). Las empresas estamos dando grandes pasos sin los cuales sería imposible frenar el cambio climático, reducir emisiones o trasformar el modelo productivo. Esto exige un esfuerzo sin precedentes, en innovación y tecnología, que puede y debe hacerse sin socavar la competitividad europea frente a terceros. Es fundamental que, en este camino, los sectores empresariales contemos con el apoyo y la colaboración de las administraciones, y muy especialmente de la Comisión Europea, para buscar reciprocidad y exigir un endurecimiento de los objetivos climáticos a otros países.
Venimos tomando medidas, invirtiendo recursos y promoviendo compromisos voluntarios, aunque no siempre se reconoce este esfuerzo. tiempo y que no se estrechen aún más los periodos de adaptación que en ocasiones nos ahogan. Y a todo ello hay que sumar la coyuntura actual, marcada por la salida de la crisis en medio de una subida de los costes de la energía, el trasporte y las materias primas que, junto a la presión fiscal, añaden más incertidumbre.
Se habla con insistencia - y se apoya con grandes medios- de la transición energética y la transformación digital ineludibles, pero nuestro voluminoso sector productivo viene realizando unos cambios no menos costosos, innovadores y trascendentales que no tienen un reconocimiento y apoyo institucional de parecida trascendencia.
No podemos olvidar la dimensión internacional de la industria agroalimentaria y el papel de liderazgo que debe jugar en ella la Unión Europea (UE). Los europeos tenemos que actuar en bloque hasta conseguir que otros jueguen con nuestras mismas reglas. Las estrictas normas sanitarias y fitosanitarias y las prácticas sostenibles de la UE no pueden ponernos en desventaja frente a países que no tienen ese nivel de exigencia. Es fundamental que en este camino pidamos reciprocidad.
La industria de alimentación y bebidas debe continuar siendo un motor de desarrollo económico, social y territorial en España y en Europa. Afrontamos una década decisiva de transformación del modelo agroalimentario. Necesitamos financiación y un contexto favorable para el emprendimiento de las iniciativas empresariales.
* Vicepresidente de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Comité Económico y Social Europeo (CESE). Director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)
