Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (julio 2021), el umbral de renta para considerar que un hogar está en situación de pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año. Pues bien, dicho esto, 8.501 pensionistas viven en la pobreza severa en Córdoba. La cuestión va más allá de las cifras, pues cuando a esta pobreza se lo pone cara nos encontramos a personas que arrostran la exclusión social y la acumulación de precariedades. Estas inseguridades contribuyen a aislar a quienes las sufren del resto de la sociedad y establecen un ciclo de extrema pobreza que se hereda en demasiadas ocasiones de generación en generación. Pero la cuestión se torna como mínimo obscena cuando hablamos de pobreza en democracia. Está claro que no hay leyes en democracia que tengan una correspondencia con la generalización de la pobreza y la desigualdad económica, pero, sin embargo, parece que la realidad clama para que nos preguntemos ¿cuánta pobreza puede tolerar la democracia?». Este asunto debiera ser un leit motiv del análisis político. Entre otras cosas porque la desigualdad y la pobreza erosionan el tejido democrático, agudizando la falta de cohesión social y nutriendo el desencanto con la democracia. Sólo en la medida que se atiendan las causas de la pobreza y la exclusión podrá afirmarse que la democracia cumple con su papel. En Córdoba, que es lo que nos ocupa y preocupa, están cinco barrios de los quince más pobres de España, entre ellos Las Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur, Las Moreras y El Higuerón, que por cierto acumulan algunas de las rentas más bajas de todo el país. Está claro que demasiadas personas se encuentran enfrentadas entre sus condiciones de vida y lo que una democracia basada en los derechos fundamentales debe hacer por ellas.

** Mediador y coach