Desde hace unas semanas, la evolución de la pandemia, que parecía controlada, ha vuelto a ser preocupante, con unas cifras similares a las del verano y con un aumento de todos los índices que se usan para valorar su alcance y las consecuencias de futuro. Sin el elevado nivel de vacunación en España (superior al 80% en la población mayor de 12 años), estaríamos hablando seguramente de una sexta ola que, por otra parte, ya es una realidad en el resto de Europa, con muchos menos vacunados que aquí. Es decir, no vivimos al borde las restricciones que hemos padecido antes, al menos por ahora, pero la señal de alerta se ha activado, con un alza continua que deja la incidencia por 100.000 habitantes en 96 casos para España, 60 para Andalucía y en torno a 100 para Córdoba, con la capital en 158, lo que supera ya el riesgo alto. España se preocupa, mientras en Europa han saltado ya las alarmas y varios países arbitran fuertes restricciones.

La vacunación es la respuesta más efectiva contra la pandemia. Una respuesta que se vuelve más débil con la negativa de sectores de la población a inocularse. Ante este estado de cosas, se plantean en todo el continente medidas drásticas como las que ha impuesto Austria: un confinamiento de toda la población no vacunada. Si bien el pasaporte covid se ideó en un principio como medida de precaución especialmente pensada para los viajes, en los últimos meses se ha ido convirtiendo en una obligación para acceder a determinados locales, para trabajar o para ir en transporte público. En un último estadio, el certificado de vacunación ya se usa, en el extremo caso austriaco, observado con detenimiento por otros países europeos, como una herramienta de restricción drástica de la movilidad. 

En España, por el momento, el pasaporte se requiere solo -y en algunas comunidades autónomas, no se puede exigir, por ejemplo, en Andalucía- en los locales de ocio nocturno y en fiestas privadas con baile, una medida que los propios empresarios del sector reclamaron. La posibilidad de que sea exigido como salvoconducto en otras actividades -por ejemplo, para acceder a centros sanitarios- está sobre la mesa y ya se ha insinuado su utilización en diversas comunidades autónomas. Sin embargo, la negativa del Gobierno a establecer un marco legal común sobre el certificado covid deja en manos de los tribunales la aplicación de las decisiones de los ejecutivos autonómicos, lo que puede dar lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones, a contradictorias decisiones judiciales. Es el caso de Andalucía, donde el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, cree que al estar ya vacunada toda la población que ha querido hacerlo (en Córdoba se supera el 93%) los tribunales no tendrían por qué oponerse, como en la ocasión anterior, a una petición en este sentido de la Junta de Andalucía. Pero la Junta, igual que otros gobiernos autonómicos, demanda una norma clara que ampare todo el territorio español. Sería deseable no tener que llegar a situaciones de difícil comprensión para la ciudadanía y establecer unas reglas claras para todos, que no den cabida a criterios arbitrarios.

Desde el primer momento, la polémica ha acompañado al certificado covid, por las dudas que plantea sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales. En España, con una legislación muy garantista, el caso austriaco ni se plantea, pero sí que pueden darse otro tipo de restricciones a quien no disponga de este documento que, en cualquier caso, debería funcionar más como un acicate para la población no vacunada que como una medida represiva. La vacunación no es obligatoria y no puede exigirse estar al día de las pautas para recortar libertades porque atentaría contra principios constitucionales. Aun así, ante el nuevo avance del virus y sabiendo que las vacunas han sido extremadamente positivas y han evitado otro colapso sanitario (cabe recordar que el 70% de los ingresados son personas no vacunadas y que la infección suele ser de carácter leve entre los vacunados), determinadas actuaciones pueden ser un aliciente para aumentar el nivel de protección. Esta debería ser la filosofía esencial en el requerimiento del pasaporte covid, siempre que se lleve a cabo con todas las garantías jurídicas, que eviten tentaciones de extralimitar su uso más allá de para frenar el virus.

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