Hoy, domingo 10 de octubre, volveremos a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Con seguridad que tal y como ocurre todos los años, las autoridades realizarán manifestaciones institucionales y asistirán a los actos organizados por las distintas asociaciones de personas con enfermedad mental.
Por desgracia, para nosotros, esto no significa nada nuevo. Todo lo contrario, es «más de lo mismo». Creemos que la sociedad en general tiene ya conciencia de que la enfermedad mental en sus manifestaciones más livianas afecta cada vez más a un mayor porcentaje de la población. Nos referimos a trastornos de ansiedad, estrés, depresión, etc. Ejemplo de ello es que a las consultas «privadas» (porque las públicas están saturadas), de psiquiatras y psicólogos acuden cada día más ciudadanos no catalogados como enfermos mentales para ser tratados por esas patologías. Sin lugar a duda esta circunstancia se ha visto agravada por la actual pandemia (signo de ello es que ya se está hablando de los efectos psicológicos del síndrome postcovid).
Nosotros, queremos hacernos eco en este día de los «otros» enfermos mentales. Aquellos que están afectados por dolencias más severas, como por ejemplo las psicosis. Aquí es dónde se debe de hacer el gran esfuerzo de prevención, atención y seguimiento.
Estamos huérfanos, y por ello reclamamos a quien corresponda (administraciones que tengan la competencia), el establecimiento de un sistema de prevención eficaz, que ataje el problema antes de que este se desborde. Por desgracia, estos enfermos cuando no son identificados y tratados previamente, la manifestación de su enfermedad se hace patente de manera sorpresiva, como si del volcán de la Palma se tratara y por consiguiente el problema excede del ámbito familiar a que el enfermo pertenezca, convirtiéndose en una cuestión social.
Además de este sistema de prevención, es necesario establecer un sistema de salud mental pública que realice el seguimiento en la atención de estos enfermos, ya que, de lo contrario, por mucho empeño que en ello ponga sus familiares, éstos resultan en última instancia incapaces de realizarlo, máxime en situaciones de descompensación del enfermo (en la mayoría de las ocasiones por no cumplir el plan terapéutico prescrito). Y esta situación se agrava aún más cuando por razón de edad los progenitores fallecen, ya que estas enfermedades son por lo general causa de divorcios y desapego de sus hijos si es que los hubiere.
Por mucha legislación que se publique (como por ejemplo la Proposición de la Ley General de Salud Mental cuya admisión a trámite votó favorablemente el Congreso el pasado día 10 de septiembre), si no se dota de medios competenciales, humanos y económicos a los servicios públicos asistenciales el problema no se resuelve. Así, en Andalucía, resulta ya imprescindible tener en pleno funcionamiento la «Oficina de Defensa del Paciente Mental», anunciada en 2019 y radicada en la Consejería de Salud. Por muchas declaraciones de intenciones y, en fin, por muchos brindis al sol que los gobernantes realicen, el problema de la enfermedad mental grave no se solucionará.
Esperamos y deseamos que se despierte de una manera seria por parte de los que nos gobiernan el interés sobre el verdadero problema de la salud mental, para que éste sea abordado de manera definitiva, seria y racional.
** Presidente del Foro Andaluz de Bienestar Mental
