Quién lo iba a decir a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado en el último año, y han convertido al secuestro en el tema top de estas semanas. Porque secuestro es lo que denuncian cientos de familias que han mandado a sus hijos a Mallorca, y se ven privados de movimientos, recluidos en hoteles de cuyos balcones se muestran pancartas al grito de «libertad», con una administración que refiere confinamientos y una fiscalía que denuncia la ausencia legal de un estado de alarma que permita las restricciones de tantos jóvenes.
Secuestrado es el adjetivo que emplean el 60 % de los españoles que no están de acuerdo, para aplicárselo al Gobierno que ha decretado el indulto de los 9 condenados por el procés catalán. Delincuentes que se jactan a cámara abierta en que repetirán su grave delito. Indulto vendido bajo el envoltorio mediático de la concordia y un nuevo comienzo -que los separatistas cada día se encargan de desmentir- , pero que responde a la necesidad de mantenerse en el poder, pendiente del voto independentista. Cualquier operador jurídico de mediana solvencia, se lleva las manos a la cabeza cuando el argumento que se emplea desde la presidencia del Gobierno no es el de aplicar las leyes, sino el de la «utilidad» para condenar y para indultar. Utilidad ¿para quién?. El sanchismo no es una ideología, sino un método de supervivencia. El parlamentario Rufián lo evidenció desde la tribuna del Congreso al referirse a la medida de gracia y sus autores: «¿Es valentía o es necesidad?». Mientras, cada vez son más los que proponen para terminar con esta pandemia la solución de una reforma de la ley electoral que exigiera una representación mínima del 4 ó 5 % del censo electoral español para entrar en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía y representación de todos los españoles, y terminar con el desgobierno de las minorías que hipoteca y lastra el proyecto de Estado.
Secuestrada está la democracia española, con el asalto masivo a la división de poderes por parte de los distintos partidos, que quieren politizar y amañar con sus fieles todos los mecanismos de control y contrapesos del poder político. No solamente las polémicas generadas para controlar el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Ahí tenemos ejerciendo de Defensor del Pueblo Español al extesorero del PSOE, por ejemplo. Eso sin hablar del CIS, de la banca amiga o de esas universidades de máster comprados y titulaciones fantasmas.
Y secuestrada también está la sociedad de nuestro país, por la postverdad y la manipulación sin rubor, en manos del ejército de profesionales sectarios y paniaguados con los que nos despertamos y acostamos cada jornada que, al dictado de intereses políticos han tejido una tupida red en la que se van tapando escándalos y contentando a las masas con mensajes confusos y espacios disuasorios.
El panorama es complicado y necesitamos de un habeas corpus inmediato que nos libere de tanto trilero, que sirva para rescatar a las personas de la desesperanza, del desempleo cronificado, de la luz más cara de Europa, de los malos indicadores PISA en educación, de la fuga de talentos y jóvenes en nuestro país, de la escasez de inversión en ciencia, de una agricultura que no puede competir, de nuestra irrelevancia internacional, entre tantos otros déficits. No se oyen las voces que emergen de los intelectuales libres, ahogadas por tantos ruidos. No es fácil que en estos momentos recuperemos el espíritu de concordia y justicia de la transición y caminemos por la senda del bien común y el interés general, tan escondido hoy debajo de tantos provechos particulares.
** Abogado y mediador
