El pasado jueves se aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que marcará un hito, nacional e internacional, en la legislación de protección a la infancia. Se trata de una apuesta decidida para dar respuesta a una de las realidades más graves que se dan en España, la violencia contra niños, niñas y adolescentes que, solo por lo que conocemos, tiene dimensiones inaceptables y una gravedad alarmante. Según el Ministerio del Interior casi el 50% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual en 2019 tenía como víctima a una persona menor de edad.

La respuesta por la que se ha optado es innovadora por ser integral en cuanto a que atiende a todas las formas de violencia en todos los espacios en los que niños y niñas están presentes (la escuela, la familia, el sistema de protección, etc.), pero también en cuanto al recorrido de actuación en torno a esta: desde la concienciación a la recuperación, pasando por la prevención, la detección y la atención con la misma intensidad. En este sentido, este texto incorpora grandes avances como pueden ser la formación especializada de todos los y las profesionales que están en contacto con la infancia y la adolescencia, la concreción de garantías para que el niño o niña sean escuchados sin importar la valoración que se haga de su madurez, la previsión de protocolos de denuncia y actuación, la elevación del plazo para la prescripción, la especialización de juzgados y fiscalía... la lista es muy larga. Por todo ello, hoy toca celebrar, alegrarnos de que, después de casi 11 años desde que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas nos recomendase avanzar por este camino, hemos conseguido incorporar a nuestro ordenamiento medidas que tendrán un impacto real en la vida de la infancia y la adolescencia en España.

Pero aún hay más, pues el impacto de esta norma no será únicamente sobre los niños y niñas víctimas ni únicamente sobre la infancia y la adolescencia. El gran logro de esta ley será de la sociedad española en su conjunto. Esto es así porque la ley nace con una clara vocación de transformación social: conseguir que la violencia contra la infancia no se tolere. No podemos ni debemos ser ingenuas y pensar que llegado el día de la publicación en el BOE se habrá solucionado el problema de la violencia contra la infancia y que la sociedad se levantará frente a esta de manera rotunda. De ahí que sea necesario insistir en que el gran reto, además del desarrollo y aplicación de la ley en sí, es la transformación social.

La violencia hacia la infancia ha entrado con fuerza en la agenda política y de ahí a la pública. Ahora lo que tenemos por delante es lograr que atraviese las puertas de todos los hogares, de las escuelas, de los centros deportivos, de los juzgados... que llegue a cada uno y cada una de nosotras. Tenemos un papel clave en asegurar que se hace realidad la premisa de que la violencia contra la infancia siempre se puede prevenir y nunca se puede justificar. Nos animo a asumir el reto, por los niños, niñas y adolescentes, pero también por ser una sociedad mejor.

* Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children