En la última década Colombia no ha logrado recortar los parámetros de desigualdad social que aquejan a este gran país desde los años cuarenta del pasado siglo. La pobreza lejos de retroceder ha continuado creciendo y el esperado impuso que para la economía pudieron suponer los acuerdos de paz de 2016 todavía no han dado ningún fruto en este terreno. La sociedad está tremendamente polarizada y cualquier política que se emprende por gobernadores o alcaldes para corregir algunas desigualdades, rápidamente es tachada como comunista, bolivariana, terrorista o cualquier calificativo similar.

Ríanse ustedes de la polarización en nuestra sociedad y sus redes. Allá los insultos, las amenazas, la violencia verbal cobran unos tintes que hacen que incluso el omnipresente expresidente Uribe se atreva a pedir que, ante unas legítimas protestas ciudadanas, el ejército salga a las calles y utilice todas las armas que deba para mantener el orden público.

La violencia llega al extremo de exigir en las redes la muerte para quienes desarrollan proyectos que pretenden construir espacios de paz e inclusión en las comunas más castigadas por la miseria. Estoy hablando de construir huertos urbanos comunales, canalizar un río, adecentar las calles, crear escuelas de paz y programas similares que únicamente aspiran a cumplir algunos de los mandatos que Naciones Unidas ha fijado para el desarrollo humano y últimamente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iniciativas que redistribuyen en programas sociales presupuestos de algunas alcaldías y gobernaciones, votadas en lo que serían una especie de «consejos vecinales», son acusadas de políticas que pretenden sembrar la ideología comunista en el país y algunas lindezas similares.

Este ambiente de violencia verbal y crispación entre los sectores más privilegiados del país, normalmente los más próximos al uribismo, y una mayoría de la población que vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, constituye un caldo de cultivo que desde hace tiempo los observadores venimos contemplando como un escenario perfecto para un estallido de violencia con consecuencias difícilmente predecibles.

Colombia, por otro lado, es un país con una población joven. La media de edad gira en torno a los 30 años, en España cerca de los 45 años. Esa juventud, o una buena parte de ella (alguna encuesta dice que el 75%) definitivamente ha roto con el gobierno de Iván Duque, pues la violencia desplegada por éste en las calles ha revivido un espíritu de conflicto social extremo entre quienes están muy habituados a ella y solo encuentran en la revuelta el camino para lograr sus legítimas aspiraciones.

Es cierto que Colombia necesita a todas luces de una reforma tributaria. La base de los contribuyentes por IRPF no llega a dos millones de personas, la población de Colombia está por encima de los cincuenta millones de habitantes. Más del 60% de la población tiene lo que se denomina un «trabajo no formal» es decir un empleo situado fuera del control y protección de la legislación tributaria y laboral. Muchos de estos trabajadores quedaron al margen de cualquier protección durante la pandemia. En la reforma propuesta, y ahora ya retirada, el gobierno de Duque pretendía incrementar la contribución de los grupos económicos situados en los estratos medios -y bajos en los impuestos indirectos- dejando fuera a las grandes empresas. No se propuso, de otro lado, una clara reducción del gasto público, por ejemplo en defensa, que sostiene el segundo ejército más costoso de toda América del Sur a pesar de haberse dado por concluida la guerra con las FARC. Es más, en 2020 incrementó el gasto en defensa en un 2,6% en relación con 2019.

Por tanto, hay toda una serie de problemas estructurales de su gestión presupuestaria que requieren, sin entrar en más detalles, de una profunda reforma que solo podría obtenerse desde el consenso y el pacto social. Sin embargo, Duque, políticamente educado bajo la ideología de su mentor Álvaro Uribe, ha optado por una reforma diseñada conforme a la pura ortodoxia neoliberal tratando de venderla como una reforma de corte social. Enfrente se ha encontrado a una población cansada de un gobierno que en algo más de dos años ha conseguido fracturar aún más a un país que no ha sabido encontrar el rumbo esperanzador de la paz firmada en septiembre de 2016. Ya el resultado negativo del referéndum auguraba un mal compromiso por la paz de una Colombia rota por una sangrienta guerra civil. La violencia, a pesar de los esfuerzos de muchos colectivos sociales, está instalada en una parte importante del imaginario colombiano. El ejército ha actuado con dureza y las calles han visto muchos muertos. Esto hizo que el ministro de Hacienda cayera, pero el malestar generado por una reforma no pactada ha abierto una caja de pandora que puede tener funestas consecuencias.

No se puede afirmar que la revuelta acabe de abrir una guerra civil, como hemos visto recientemente en otros lares, pero las condiciones de partida pintan mal. Las reformas tributarias pueden venir cargadas por el diablo si, finalmente, los gobiernos solo son capaces de encontrar más fondos en los  bolsillos de quien menos tienen. Esto está pasando en Colombia, pero ningún país en este marco de tanta debilidad social y estrés pandémico puede sentirse ajeno. Avisado queda.

* Catedrático. Universidad de Córdoba