El covid-19 no discrimina en su capacidad de contagio pero sus impactos sociales no afectan a todos por igual. Tiene rostro de desigualdad, de pobreza, de incertidumbre y el dolor humano es difícil de cuantificar. No se trata de privilegiar hoy a la población migrante sino de enfocar la mirada en quienes enfrentan la crisis pandémica con mayor desventaja, inseguridad e indiferencia. Una pandemia como la que estamos viviendo provoca, miedo. Luego una situación de crisis y de desigualdad. Esto hace que tendamos a buscar un responsable en el otro diferente, el extranjero. Incluso algunos políticos fomentan la xenofobia con declaraciones motivadas por intereses políticos. Mensajes xenófobos y bulos lanzados de forma interesada por la extrema derecha para sembrar más miedo en la población y ganar mayor espacio y adeptos.
Las conductas xenófobas no son siempre exclusivas de individuos ignorantes o racistas declarados, su mayor peligro radica en el discurso que los normaliza y que resurge fácilmente en momentos de crisis, miedo o incertidumbre como la que vivimos actualmente. El miedo al contagio, a perder los seres queridos, la falta de recursos sanitarios o el miedo al derrumbe económico son ingredientes de un cóctel explosivo que fomenta el rechazo al otro diferente.
Varios informes de organizaciones no gubernamentales alertan sobre agresiones de odio, situaciones en que se restringen derechos básicos o casos de brutalidad policial. En España se señala también la pobreza de los trabajadores temporeros y sus precarias condiciones laborales, los ataques injustificados contra personas migrantes, contra menores y las manifestaciones convocadas por grupos de ultraderecha contra las minorías. La pandemia ha favorecido la discriminación, promoviendo un discurso de odio contra determinados grupos minoritarios como los asiáticos o musulmanes, fomentando las desigualdades.
Durante la crisis del covid-19 la precarización laboral de las personas migrantes ha aumentado considerablemente. Las restricciones a la movilidad ha puesto en riesgo sus ingresos y las personas migrantes en situación administrativa irregular quedan más alejadas de las medidas de protección social.
Meses después de las elecciones de noviembre, con los hospitales colapsados por el coronavirus, el gobierno necesitaba más sanitarios y aceleró la homologación de los títulos de médicos, enfermeras y auxiliares extranjeros, personas extranjeras de alta cualificación que trabajaban en sectores segregados como el campo o el hogar en los que a nadie le interesaba su cualificación. Se trata una medida acertada que debe perdurar en el tiempo.
Con las fronteras cerradas, en el campo faltaba mano de obra para recoger las cosechas y el Ejecutivo aprobó la concesión de permisos de trabajo a jóvenes inmigrantes en situación regular. Muchas de estas personas eran jóvenes tutelados por la administración pública que dejaron de estarlo al cumplir la mayoría de edad.
Varios sectores considerados esenciales durante el estado de alarma acumulaban un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras extranjeros. Esas labores las realizan a veces, en condiciones muy precarias que suponen gran riesgo para su salud y la salud del conjunto de la sociedad. Si los migrantes no están adecuadamente protegidos no será posible controlar la pandemia. Si no se pone remedio a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se desenvuelven las vidas de no pocos de ellos, la pandemia no se detendrá.
** Responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba
