Inés Arrimadas y Edmundo Bal parecen haber olvidado que en España rige la presunción de inocencia. Pero no solo en los delitos contra la libertad sexual, como cree cándidamente la ministra Irene Montero, sino en todos. Esta semana viene Edmundo Bal, que ha sido un buen portavoz parlamentario para Ciudadanos y es hombre que sabe de derecho, afirmando en sus entrevistas radiofónicas como nuevo candidato a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos lo mismo que la semana anterior venía diciendo Arrimadas: que el gobierno del PP de Murcia es culpable de delitos de corrupción. Sobre esa piedra han edificado su moción de censura fracasada, que adensa las noticias con ese ramaje de bomba de racimo en extensión que ha tocado a Madrid. Con independencia de quién haya sido el urdidor de toda la metralla en carne viva que parece poder enterrar a Ciudadanos, lo que me preocupa es el punto de partida argumental. Tal y como lo cuenta Edmundo Bal -y antes Arrimadas-, claro que suena mal la presunta corrupción del gobierno murciano. Pero incluso obviando el movimiento ajedrecístico desde Moncloa, y en plena pandemia, para cargarse gobiernos autonómicos mientras siguen los contagios -cuando deberíamos estar en cualquier otra cosa, y no en el vergonzoso juego de siglas, de sueldos y de tronos-, lo que me preocupa es la piedra discursiva sobre la que argumentan. Edmundo del Bal dice que con todo lo que ha visto como abogado del Estado en casos de corrupción él ya puede distinguir a los culpables. «No me diga usted que hace falta una sentencia judicial para apartar a alguien», sentenció ayer Bal en la Cope. Pues claro que te lo digo. Y más a ti, que eres jurista. Tú puedes saber mucho de poesía erótico festiva, pero no hablar de Bukowski o Baudelaire sin haberlos leído. Tú puedes saber mucho de casos de corrupción, pero aquí nadie es culpable si no media una sentencia judicial. Sin la presunción de inocencia, ya sólo nos queda regresar a los duelos al amanecer.

* Escritor