En 1999 se publicó un volumen titulado ‘Enseñar historia con una guerra civil por medio’. Su contenido consistía en la reproducción de dos textos de historia, uno de 1933, titulado ‘Mi primer libro de Historia’, de Daniel G. Linacero, y el otro de 1939, ‘Manual de Historia de España. Primer grado’, publicado por el Instituto de España, bajo el control de José Mª Pemán. En la Introducción de ambos textos, Josep Fontana explicaba las grandes diferencias existentes entre el sentido que se le quería dar a la historia en el primer volumen en relación con el segundo, pues representaban dos visiones diferentes de nuestro pasado. De acuerdo con sus palabras, Linacero pretendía «desviar hacia perspectivas más interesantes y más humanas la enseñanza de la Historia», aunque acabó fusilado en agosto de 1936 por los sublevados contra la República, entre los cuales se hallaban, se decía en el segundo de los textos, «todos los buenos españoles», y en concreto de Navarra «salieron, en medio del mayor entusiasmo patriótico, miles y miles de hombres. Los requetés carlistas y las Centurias de Falange se lanzaron a la guerra con incomparable valor y heroísmo».

La victoria franquista impuso una falsa concepción de la historia, en especial en la más cercana. Para que la investigación histórica haya podido caminar por nuevos derroteros ha habido que superar muchas dificultades, y aún siguen, sin embargo esto no es algo privativo de nuestro país. Podemos citar un ejemplo reciente, en Polonia, donde un profesor y una investigadora han sido condenados por «insultos a la nación polaca» por su investigación acerca de la participación de un alcalde en la persecución de judíos en su pueblo, y todo ello como consecuencia de la demanda interpuesta por una sobrina del mismo. En España no hace mucho vimos el caso de los familiares del secretario judicial del proceso a Miguel Hernández que pretendían que su nombre no se citara, a pesar de tratarse de un dato que figuraba en el sumario. Y ahora nos encontramos con un nuevo episodio, el del historiador Fernando Mikelarena, demandado por el hijo de D. Jaime del Burgo Torres, porque este aparece en las investigaciones sobre la guerra civil en Navarra realizadas por el citado historiador.

¿Cuál es el motivo de la demanda? Que del Burgo, como consta en las fuentes que Mikelarena utiliza tanto en uno de sus libros como en un artículo posterior, ocupó de manera accidental la jefatura de los requetés, y que durante ese periodo se produjo una saca en Tafalla con el resultado de 64 personas ejecutadas, si bien en ningún momento le atribuye participación directa ni protagonismo en los hechos concretos. Desde el mundo académico se ha publicado un ‘Manifiesto en defensa del historiador’, donde se pide que no se judicialice la investigación histórica, cuyos resultados deben ser debatidos en el ámbito de la historiografía, no en el de los tribunales. Además, se defienden dos cuestiones fundamentales: la libertad de investigación, ya «suficientemente dificultada por la ocultación y destrucción de fuentes históricas» (esto último ya con Suárez como presidente del Gobierno) y el derecho «que la sociedad tiene a conocer cómo se gestó la violencia de los sublevados en 1936 y quiénes fueron sus represores». Cuando escribo este artículo, la noche del domingo, van 315 adhesiones, todas de profesores o asociaciones memorialistas. En este caso la repercusión social ha sido escasa, aunque aquí cabría hablar de un ataque a la libertad de expresión, en este caso de verdad, no como en otro episodio bien conocido y que sí llena espacios en los medios de comunicación, sin que falten comunicados de diferentes partidos políticos. Debe ser que la historia no interesa, que no vende, o quizás que los historiadores no somos un colectivo con suficiente fuerza.

* Historiador