La condena y posterior detención para su ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, quien retó a la justicia española pretendiendo situarse por encima de la misma, ha suscitado posturas encontradas, a favor y en contra, con un debate de fondo sobre la libertad de expresión y sus límites en nuestro Ordenamiento, además de muchos días de violencia y desórdenes. Es cierto que la libertad de expresión, reconocida en el artíulo 20 de nuestra Constitución es un derecho fundamental que tiene como objeto la protección de la libertad del individuo para exteriorizar o transmitir sus pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor. Siendo uno de los pilares de un Estado democrático y, por ello, ostenta la máxima protección.

Pero que sea un derecho fundamental no quiere decir que sea un derecho absoluto y que esté por encima de todo y todos. Así lo recoge la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó, la sentencia del Tribunal Supremo que lo ratificó y la doctrina constante y pacífica de nuestro Tribunal Constitucional, en armonía con el resto de interpretaciones de países democráticos de nuestro entorno. Al igual que la libertad de información está limitada, de un lado por la veracidad ó el interés público, cómo con la protección de los secretos oficiales así declarados por un Estado, o con los secretos sumariales de un procedimiento judicial, o con la intimidad o la propia imagen de los individuos; la libertad de expresión no se puede utilizar para ofender ni injuriar gratuitamente el honor de las personas, ni para propagar el odio contra pueblos o colectivos, ni para incitar a la violencia ni ofender a las máximas instituciones o los símbolos del Estado que son de todos. Lo contrario, sería la ley de selva.

Hasél, condenado anteriormente por agredir a un testigo de un juicio, y a un periodista de TV3 en una rueda de prensa en el Rectorado de la Universidad de Lérida, no es precisamente un adalid de la libertad de expresión. En el año 2014 ya fue condenado también por enaltecimiento del terrorismo con la rima de sus canciones: «¡Merece que explote el coche de Patxi López!» entre otras parecidas. Por lo que teniendo en suspenso condenas penales anteriores, de nuevo vuelve a reincidir enalteciendo al terrorismo y ofendiendo a la Corona, imputando incluso delitos de homicidio al actual Jefe del Estado, lo que ha provocado su ingreso en prisión. La libertad ideológica o artística debe de ponderarse cuando colisiona con otros derechos fundamentales igual de defendibles. Hasél no está en prisión por lo que piensa, ni por lo que dice, sino por lo que hace, según sentencia, de forma reiterada: agredir, injuriar, enaltecer el odio y la violencia, y atentar contra las instituciones del Estado. Sorprende el manifiesto de algunos representantes del mundo de la cultura, que se quedan en la espuma de los titulares, mezclando conceptos y libertades pero omitiendo otros derechos que también deben ser respetados y protegidos. Ahí está, además, el vandalismo que el odio alimenta.

En mi opinión, no debemos confundir la crítica libre de un país democrático que todos asumimos sin mordazas posibles, con la incitación a la violencia o con la justificación de los asesinatos. La misma repulsa ética y legal que nos produce a la sociedad quienes lo puedan hacer desde el mundo de los extremismos, nos crea quienes lo hacen justificando la barbarie desde el mundo de la creación o la cultura. La vida, la justicia, la dignidad, la igualdad, el pluralismo y el respeto a la ley, que nace de un parlamento democrático y que se ajusta a criterios constitucionales, son las bases de la convivencia y de la paz social. Nada menos. No las rompamos.

* Abogado y mediador