Entre las continuas noticias sobre el covid, el recorte de derechos democráticos elementales que el Gobierno aprueba y las elecciones norteamericanas, un hecho tan relevante como la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se ha saldado con una simple foto de compromiso entre el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 son unos presupuestos excepcionales. En un triple sentido: porque nunca un documento oficial de Hacienda tuvo tanta retórica ideológica; porque son los presupuestos más expansivos de nuestra historia hechos sobre un cuadro macroeconómico irreal; porque son, sencillamente, unos presupuestos políticos que mantendrán al Gobierno durante la legislatura, de ahí su importancia.

Sin entrar en los excesos retóricos del Presupuesto (léanse las páginas 59 y siguientes del Libro Amarillo de los presupuestos), ni en el autobombo que contienen, el primer problema de los Presupuestos es que se han hecho sobre un cuadro macroeconómico irreal, que habrá que corregir en la tramitación.

Los Presupuestos se han hecho sobre la base de que el PIB de este año caerá un -11,2% (previsión del Banco de España en abril), cuando todos los organismos internacionales y analistas nacionales calculamos que la caída será superior al -13%, máxime si tenemos en cuenta las consecuencias económicas de las medidas que se están tomando para atajar la segunda oleada de la pandemia. Dicho de otra forma, la caída de este año será mayor de la prevista, lo que lastrará la recuperación del próximo año. De hecho, es probable que el año que viene el crecimiento sea del 7% como el Gobierno prevé, pero sobre una base menor. Más aún, es incluso improbable que lleguemos a esa cifra, pues la tramitación de los famosos Fondos Europeos está sufriendo un gran retraso y, posiblemente y a pesar de la retórica del otro gran documento económico del Gobierno, el «España puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», es muy posible que no lleguen las cifras que se calculan el próximo año. En otras palabras, los Presupuestos están mal hechos porque la base económica sobre la que han calculado los ingresos será menor de lo que el Gobierno prevé, por lo que la recaudación será también menor.

Pero eso parece que no le importa al Gobierno, porque lo que realmente le importa es la inyección de gasto. Un gasto que se puede justificar por la situación de la sociedad y la economía española por efectos de la pandemia, pero que se podría haber aquilatado mucho más porque el monto total hay que financiarlo, bien con impuestos, bien con deuda, mucha deuda. El problema del presupuesto de gasto no es solo la cuantía, pues crecen todas las partidas de una forma espectacular, algunas de una forma muy lógica, y todas amparadas en la emergencia social, sino que muchos de estos gastos son el precio que hemos de pagar por el apoyo de las minorías independentistas a estos presupuestos. De hecho, el análisis territorial (nunca hubo un Libro Amarillo con tantas cautelas como las reflejadas en la página 318) nos lleva a un reparto de la inversión pública según la aportación de cada una al PIB, vieja aspiración del nacionalismo catalán. Dicho de otra forma, la inyección de gasto, más allá del sentido social que tiene, tiene un claro sentido territorial para contentar a los socios de la investidura.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 son, por tanto, un ejercicio de política, porque son poco creíbles desde un punto de vista económico, y porque el presidente Sánchez sabe que con ellos tiene presupuesto para agotar la legislatura. Su lógica es simple: estos presupuestos que se aprueban son para 2021, pero como no tienen tope de gasto y el grueso de la financiación europea llegará en 2022, se pueden prorrogar sin problemas para ese año, incluso el siguiente, y ¡voilá, en 2023 estamos en año electoral! O sea, que con estos Presupuestos el señor Sánchez se ha comprado una legislatura.

* Profesor de Política Económica.

Universidad Loyola Andalucía