La relación entre el presidente Sánchez y la presidenta Ayuso daría para una típica comedia americana: chica pizpireta y ocurrente choca en su trabajo con joven pagado de sí mismo e incompetente que resulta ser un alto cargo de su organización, para terminar en una relación dependiente, pues se dan cuenta de que están hechos el uno para la otra. También daría para una serie política, un juego de tronos entre Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez por ver quién es el asesor político más maquiavélico, el que oculta con más habilidad la incompetencia de sus jefes. El problema es que, en medio de estas comedias, hay una realidad de restricción de derechos, paro, personas enfermas... fallecidos. O sea, un drama. Miles de dramas que darían para miles de películas.

En esta disputa, lo que late de fondo es una ausencia de responsabilidad por parte de los dos, pues las competencias están claras en las leyes. Dicho de otro modo, el Estado de las Autonomías reparte la responsabilidad y el poder, la competencia, en el ámbito sanitario entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dándole a estas toda la responsabilidad y, lógicamente, los recursos (legales y materiales) para prestar un servicio sanitario normal. Así se contempla en la Constitución (artículo 148) y en las leyes sanitarias de 1986 y de 2011. El problema es que la pandemia que estamos viviendo no se puede resolver con los recursos legales y materiales normales, pues implica, en algunos casos, la restricción de derechos fundamentales (movimiento, reunión, manifestación, etc), la movilización de recursos extraordinarios y la coordinación general de todo el sistema sanitario, por lo que su resolución solo es posible abordarla desde el Gobierno central, usando de una forma subordinada la estructura sanitaria de las Comunidades Autónomas, y estableciendo criterios y protocolos de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Y esta responsabilidad la tiene el Ministerio porque así lo determina el artículo 52 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

Esta fue la lógica que se siguió en la primera oleada: en «circunstancias extraordinarias» corresponde al Gobierno central la responsabilidad. De ahí la legitimidad de la decisión del 11 de marzo (solo el Gobierno es competente para un estado de alarma), los decreto-ley durante el confinamiento, la movilización extraordinaria de recursos para combatir la pandemia y sus consecuencias. De ahí, la responsabilidad que habrá que exigir en su momento del Gobierno por el retraso en tomar las medidas, pero no por las medidas que tomaron.

La misma responsabilidad que habrá que exigir por no haber tomado el control de la situación en Aragón en agosto, en Madrid, La Rioja, Navarra o Cataluña en septiembre. Porque la responsabilidad de la gestión de esta pandemia sigue siendo del Gobierno central, y no porque sea el más competente, sino porque es el que determina la ley que la tiene, y es el que tiene instrumentos legales y recursos suficientes para tomar medidas efectivas que la paren. No se extralimita el presidente Sánchez en declarar el estado de alarma para Madrid, sino que ha hecho dejación de funciones, lo que nos está llevando a una segunda ola mucho más acusada que la de los países de nuestro entorno.

Se equivocó, en mi opinión, la señora Ayuso, cuando pidió al Gobierno central una desescalada más rápida y llevar el peso de la gestión de la pandemia, sin tener las capacidades legales y materiales para afrontarla. Como se equivocó el señor Sánchez cuando cedió y se desentendió de la evolución de la enfermedad.

Lo malo es que hoy se siguen equivocando a dúo: la primera, por pedir un control para el que no tiene medios, y, el segundo, por no asumir la responsabilidad que le corresponde según las leyes. El drama es que, solo en la última semana, han fallecido 406 personas en España y la segunda oleada no acaba nada más que empezar. Pero para ellos deben ser solo estadísticas.