Llevo tiempo sin aludir a la crisis sanitaria, consciente del grado general de saturación al respecto. Evitaba, también, pronunciarme sobre la «nueva» normalidad, que, de nuevo, ha puesto en evidencia las carencias flagrantes de nuestros políticos, el nivel intolerable de improvisación, falsedades y dejaciones que domina la esfera pública, las consecuencias sanitarias, laborales y económicas que está teniendo y tendrá la ausencia de responsabilidad individual y educación cívica, el carácter anárquico, inconsciente e insolidario de miles de españoles. La pena es que con frecuencia pagan justos por pecadores, y quienes lo hicieron bien acaban sufriendo en sus carnes la insensatez de una parte importante de la población, incluidos muchos jóvenes. Urgen gobierno firme, claridad de ideas, pedagogía y coordinación plena; poner el acento en los ciudadanos en vez de los intereses partidistas. Por desgracia, puras falacias…

Desde hace varias semanas se viene discutiendo sobre la vuelta a las aulas con creciente preocupación, más que lógica si tenemos en cuenta el ritmo y la dispersión de los contagios. Lo que no parece tan lógico es que se hable casi exclusivamente de los alumnos, mientras se olvida de forma humillante a los profesores, abandonados a su suerte. Es bien conocido el alto índice de envejecimiento del cuerpo docente hispano, sobre todo en la universidad, donde muchos profesionales de entre 60 y 70 años -la misma que tantos abuelos- deben regresar a unas aulas repletas de bombas biológicas que en la UCO, además, irán rotando cada semana (Escenario A), y cuyo estallido en cadena podría provocar una debacle. En marzo se suspendieron de forma tajante y unilateral las clases y se nos recluyó en casa ante el riesgo más que cierto de infección (desde luego, no mayor que ahora), al tiempo que se implantaba a toda prisa, sin opción a discrepar y no siempre con medios ni apoyo suficientes, la enseñanza telemática; quizá no el método ideal para interactuar con el alumnado, pero en la tesitura actual salvoconducto imprescindible para la salud, la coraza más efectiva frente a un virus que ha demostrado de manera sobrada su elevadísima capacidad de contagio y su letalidad entre edades avanzadas. Cincuenta mil muertos así lo certifican. ¿Por qué entonces hay que esperar a que se produzca transmisión colectiva para pasar a modo virtual (Escenario B)? ¿Quién asumirá responsabilidades? ¿Los mismos que hasta ahora…?

Las últimas disposiciones gubernamentales han establecido como grupos de riesgo ante el covid-19 a mayores de sesenta años, enfermos cardiovasculares incluidos hipertensos, inmunodeprimidos, diabéticos, embarazadas, y personas que padezcan cáncer en tratamiento activo, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica severa y obesidad mórbida (IMC>40). Sin embargo, de conformidad con el procedimiento de actuación del Ministerio de Sanidad para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 de 14 de julio de 2020, y en concreto por lo que se refiere a la Universidad de Córdoba (Procedimiento para la reincorporación progresiva a la actividad presencial en los centros de dicha universidad, de 5 de mayo de 2020), ante el silencio clamoroso e incomprensible de los sindicatos -que deberían aprender de los sanitarios-, con excepción de los inmunodeprimidos por tratamiento oncológico, el docente evaluado por la Unidad de Vigilancia de la Salud de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como especialmente sensible al virus deberá mantener de manera obligada la presencialidad en su puesto de trabajo, adoptando sólo las medidas de seguridad y protección generales recomendadas por el Ministerio de Sanidad (en otras palabras, carne de cañón). Así rezan los informes médicos emitidos, contra el criterio explícito de los facultativos particulares, sin dejar lugar alguno a excepciones y olvidando de paso que la enseñanza telemática es a todos los efectos actividad presencial.

Al margen de que nuevos confinamientos puedan poner otra vez nuestro mundo patas arriba, si algo está claro es que en vez de aprovechar la crisis para reflexionar, planificar y blindarnos, seguimos moviéndonos al pairo y entre extremos. La legislación laboral al uso establece que, por encima de directrices políticas o ideológicas, beneficios o imagen social, las empresas, públicas y privadas, deberán primar sobre cualquier otro aspecto la salud y la seguridad de sus empleados, en especial cuando queden expuestos de manera sistemática y diaria a potenciales agentes de contagio; pues todos sabemos lo difícil que es defenderse ante ciertas realidades. En cambio, se ha decidido anteponer la economía sobre el riesgo, en un ejercicio de irresponsabilidad grave que podría derivar en situaciones terribles, incluso en muertes. Eso sí, felizmente para ellos las vidas que están en juego son las nuestras, no las suyas; así que ¡sálvese quien pueda…! H