Los defensores de la renta mínima vital afirman que la desigualdad, inseguridad en el empleo y los bajos salarios son las principales causas de la pobreza y no los fallos morales de las personas.

Además, nos advierten de que la ineficiencia ( de quién), los errores (de quiénes), y la ausencia de incentivos son los mayores problemas que origina este sistema de ayudas sociales y subvenciones y no tanto la holgazanería y el fraude.

Este sistema de ayuda, renta mínima vital, da lugar a clasificar a la gente entre luchadores y devastadores, entre dignos e indignos, de modo que esta división desmotiva y empeora las situaciones personales cuando en realidad ese deterioro se debe a la situación general del país y del Estado.

Ante esta división, reclaman que la renta mínima vital sea una renta básica no condicionada, salvo la condición de ser ciudadano de España.

Cambiar la mentalidad desde una renta mínima vital condicionada, como la que se acaba de legislar, a una renta básica no condicionada precisará de un cambio totalmente de actitudes; es decir, de una conversión hacia no sólo su posibilidad sino desde su factibilidad.

Tal cambio solo es posible si esa factibilidad es consistente, estable y digna de crédito y genera admiración y confianza en los otros, especialmente en los políticos.

Esos logros en psicología social solo se materializan si la renta básica no condicionada es factible.

Las cuestiones sobre de qué factibilidad se trata son variadas tanto para una renta como para la otra.

¿Se puede financiar sin generar pérdidas sustanciales en los hogares pagadores? ¿Se entiende y esa comprensión será beneficiosa para todos? ¿Es posible gestionarlas administrativamente desde las administraciones local, regional y nacional? ¿Funcionará a nivel de hogares e individuos beneficiados? ¿Servirá para lograr consenso político? ¿Se puede financiar la renta vital o la básica si se eliminan otras ayudas a nivel regional y nacional?

No se sabe si al implantar la renta mínima vital y eliminar otras ayudas existentes, como la renta mínima de inserción social, se generarán pérdidas en los hogares ya beneficiados. Todo dependerá del porcentaje de hogares perjudicados y del porcentaje que represente esa pérdida. También dependerá de la subida en el tipo impositivo necesario para poder financiar la renta mínima vital y las ayudas que permanezcan.

Estamos pidiendo que la ley, que se ha consensuado políticamente, lo sea financieramente y durante el proceso social de su implantación. ¿Es posible, psicológicamente, que la sociedad acepte que debe dar más dinero al pobre y que, además, no sea posible obligarlo a trabajar comunitariamente?

Creo que en España se aguanta todo y no habrá revueltas de quienes sufrirán un mayor gravamen fiscal.

Administrativamente ,será posible seguir controlando el sistema de ayudas tan mal como se viene desarrollando hasta este momento respecto de la ayuda al desempleado del agro.

No es lo mismo que los políticos consensúen una ley sobre renta mínima vital que consensúen procedimientos para ejecutar esa política; es decir, ha sido fácil consensuar el qué, pero será muy difícil consensuar el cómo llevarlo a cabo entre varios tipos de administraciones. Un ejemplo claro es el de la actual pandemia: todos estamos de acuerdo en combatirla pero no en el procedimiento para ese combate.

El peligro para esta ley se cierne si el cómo lo deciden los menos talentosos y no es decidido por los más inteligentes. Y se corre el riesgo de que los más inteligentes busquen en primer lugar el voto de los beneficiados y beneficiables.

Si las factibilidades quedan resueltas, surgirán las ya conocidas dificultades de digitalización de bases de datos, errores, fraudes e, incluso, de aprovechados criminales.

Los cálculos mínimos del presupuesto de la nueva renta mínima vital asciende a 2,492 millones de euros. En 2019 se recaudó, mediante impuesto sobre las rentas de las personas físicas, la cantidad de 86.892 millones de euros. Si comienza la prestación en 2021, el gravamen adicional de este impuesto será del 2,87% sobre un tipo efectivo que se fijó en 2019 en el 12,81%.

Es decir, el crecimiento marginal del IRPF será 22,4%. H