Las previsiones sobre el mercado de trabajo nos hablan de una crisis grave de paro, otra más, en la economía española. Los datos que arroja la Encuesta de Población Activa del segundo semestre, hasta junio, son los siguientes: el número de activos era de 22 millones; el de ocupados, de 18,6 millones, y el de parados, de 3,3 millones. La tasa de paro alcanzaba el 15,33%. Datos a los que hay que hacer dos precisiones: la primera es que, por razones metodológicas, un millón de personas se han clasificado entre los inactivos cuando realmente están parados; y, la segunda, es que no se contabilizan como parados las casi 900.000 personas que estaban en junio en ERTE. Si reajustamos los datos a partir de estas circunstancias, los resultados serían que en España hay 23 millones de activos (en la media de la última década); que los ocupados son realmente unos 18 millones, pues una parte de los ERTE son puestos de trabajo que desaparecerán; y que el número de personas en paro es de alrededor de 5 millones, lo que supone una tasa de paro real del 21%. En los próximos trimestres se producirá un deterioro de estas cifras (llegaremos, según los modelos, a los 5,5/5,7 millones), aunque oficialmente se mantendrán fuera de las estadísticas a las personas que están en ERTE, porque el Gobierno querrá contar la ficción de que se está conteniendo la hemorragia de paro. De cualquier forma, a lo largo de 2021 volveremos a tener más de 5 millones de parados, con tasas de paro superiores al 20%, o lo que es lo mismo, volveremos a tener cifras de paro similares a las de la crisis de 2011/13.

Podemos echarle la culpa a la crisis del covid-19 de la nueva crisis de paro, pues su impacto será de 1,8/2 millones de puestos de trabajo, pero no deberíamos olvidar que arrastrábamos 3,6 millones, lo que nos daba una tasa de paro del 15%, una de las más altas de las economías desarrolladas. El problema, pues, es de mucho más calado y no se resuelve con una vuelta a la normalidad con una vacuna o la contención de la pandemia, porque lo que refleja es el conjunto de problemas de fondo de la economía española: una economía sin política económica, con un débil tejido productivo (pocas empresas y pequeñas), una mala composición sectorial y un pésimo marco institucional en el mercado de trabajo (uno de los mercados de trabajo, aún y a pesar de la reforma de 2012, más rígidos de la Unión).

Dicho de otra forma, para resolver el problema del paro tenemos que articular una verdadera política económica de reformas estructurales (es urgente la fiscal, tanto en la parte del gasto como en la de impuestos), uno de cuyos ejes debe ser generar más tejido empresarial en los sectores de futuro (los sectores verdes, digitales, biológico-médicos, etc), fomentar el crecimiento de las empresas existentes y facilitar la instalación de multinacionales de contenido tecnológico, pues sin empresas no podemos absorber los parados que tenemos. Y, en paralelo, necesitamos una profunda reforma del Estatuto de los Trabajadores, de sus leyes complementarias y del marco de la negociación colectiva: nuestra regulación de las relaciones laborales ha generado siempre paro estructural. Nuestro mercado laboral nunca ha funcionado bien, pues en el mejor año de tasa de paro, el 2007, teníamos una tasa media del 8,23% y más de 1,7 millones de parados. O sea, tenemos malas leyes laborales, un ineficiente sistema de negociación colectiva y un pésimo sistema de protección a los desempleados.

El drama es que no tenemos un gobierno serio para afrontar la gravedad de los problemas a los que nos enfrentamos, pues está más pendiente del paradero del Rey emérito y de cambiar la Constitución que del nuevo ritmo de contagios y del inmenso drama del paro. Unas distracciones que nos costarán un exceso de muertos y de parados. H