El derecho a la igualdad proclamado en la Constitución en su Artículo 14 se alega en todo momento y situación política para arremeter unos contra otros, sin aplicárselo a sí mismo. A resultas de la carta del Rey emérito a su hijo y Rey, al que se debe, utilizan su presuntas irregularidades económicas para solicitar la igualdad de todos los españoles y atacar a la Monarquía. Cuando se votó y aprobó la Constitución, se incluyó el citado Art. 14, y también en el Título Preliminar que la forma política de España es la Monarquía parlamentaria. Incluye el texto constitucional la inviolabilidad del Rey, siendo el Gobierno quien ha de refrendar sus actos, por lo que la actuación política de aquél está sujeta a dicho refrendo. A pesar de que la Constitución prevé los mecanismos para su modificación, para desviar la mayor preocupación por la peor crisis sanitaria y económica que sufrimos, quienes quieren quebrantar las instituciones, sin respeto a la Carta Magna la desprecian con el argumento irrisorio e injustificado de que ellos no la votaron, exigiendo un referéndum sobre la desaparición de la Monarquía. Tampoco votamos los importes, conceptos y condiciones de los sueldos de los políticos que ellos libremente deciden en sus plenos, ya sea en las Cortes, comunidades autónomas o ayuntamientos, y no oigo a nadie que pida un referéndum para que sean los ciudadanos quienes fijen dichas cantidades, por ejemplo. Igualmente, recoge la Constitución el privilegio de la inmunidad de los políticos y otros cargos de instituciones ejecutiva, legislativa y judicial, sin que ninguno renuncie a ella, cuando precisamente algunos de ellos se han servido de sus cargos públicos para delinquir. Hace días, la independentista Laura Borras pedía llorosa al Congreso que vetara ser investigada judicialmente; de ese privilegio carecemos el resto de ciudadanos de a pie.

Y es que el derecho de igualdad se utiliza demagógicamente tanto en el tema de la mujer, apropiándose la ultraizquierda de un solo tipo de mujer, despreciando a la que piensa distinto, excluyéndola y por tanto tratándola desigual; como en el de la propiedad privada, enfrentando a personas y provocando crispación social, ahí tenemos el aumento de las okupaciones ilegales. Teniendo las necesidades básicas cubiertas en salud, educación, vivienda, justicia, trabajo, que es responsabilidad de los poderes públicos y no de oenegés, la igualdad no hay que buscarla tanto en la tenencia de cosas adquiridas por trabajo, esfuerzo, herencia... sino que la igualdad exigible en un estado social y democrático de derecho está en la igualdad de ser, de actuar. En la obligación de proceder, todos, particulares e instituciones públicas, conforme a la ley, moral y orden público; exigiendo las responsabilidades que correspondan en caso contrario. Y cualquier actuación ilegal, irregular, «perturbadora e inquietante» como dice Sánchez, debe ser sancionada civil o penalmente cuando lo determinen los tribunales. Pero en la política, como en los medios de comunicación, también ha de imperar la valoración de los actos de otros en igualdad, y no vapulear y condenar a quien no está imputado, encausado ni procesalmente investigado, y por el contrario no hacer valoración alguna a quien está imputado, menosprecia al poder judicial y gobierna contigo. La ejemplaridad y transparencia que exigen empieza por uno mismo, eso es igualdad.