El covid-19 como enfermedad económica cursa, principalmente, con una fuerte caída del PIB. Las decisiones de restricción de movilidad de la población para el control de la pandemia causan una fuerte contracción del flujo circular de la renta. Esto supone una disminución del PIB, que, según datos del INE del segundo trimestre, en España fue del -22,1%, que será del -12,5-14% a finales de año (si no hay segundo confinamiento). El PIB de 2020 será similar al de 2015, con lo que habremos perdido en un par de trimestres lo que crecimos en cuatro años. Para romper el círculo vicioso le vamos a inyectar a la economía unos 55.000/60.000 euros el año que viene, otros tantos en 2022 y unos 45.000 en 2023 del Fondo Europeo, a lo que habrá que sumar los más de 60.000 millones que se ya se están inyectando desde las administraciones públicas, pero eso no nos garantiza tasas de crecimiento del 6/7% que nos lleven a una rápida recuperación, por lo que, como pronto, hasta 2023 o 2024 no estaremos en los niveles de renta de 2019. El covid-19 como enfermedad económica durará, pues, tres o cuatro años.

Tiene, además, cinco secuelas importantes cuyo tratamiento individualizado es necesario abordar: pérdida de tejido empresarial, alta tasa de paro, déficit público, deuda pública y, finalmente, aumento de la desigualdad. Las constantes financieras son efectos negativos menores en comparación con la gravedad de la situación de las constantes económicas vitales.

En lo que va de año 2020 hemos perdido unas 100.000 empresas, lo que supone un 2,8% del total de 3,3 millones que teníamos a principios de 2019, a las que habrá que sumar las que están en proceso de cierre. En total, serán unas 150.000/180.000 empresas, lo que supondrá alrededor del 5% del tejido empresarial. Por otra parte, unas 200.000/250.000 están enfrentando dificultades graves que lastrarán su actividad en los próximos años. Más del 12% de las empresas, de todos los tamaños y en casi todos los sectores, se verán en peligro por la crisis, y las demás se enfrentarán a una demanda más débil.

Debilidad de la demanda y menor tejido empresarial implican menor número de puestos de trabajo. La economía española perderá este año entre 1,5 y 1,7 millones de puestos de trabajo, con lo que el número de parados reales estará entre los 4,8 y los 5 millones, o lo que es lo mismo, llegará a tener una tasa de paro en el entorno del 20/21%: en la EPA del tercer trimestre aflorarán como parados el millón de inactivos que clasificó la EPA del segundo, y hasta el año 2021 no se contabilizarán los 300.000/450.000 puestos de trabajo que estadísticamente estando en ERTE se estima que desaparecerán (de los casi 900.000 que están en esa situación).

Menos actividad económica y más paro conllevan, necesariamente, más déficit público por una menor recaudación y más gasto. Si tenemos en cuenta que tenemos un déficit estructural de 38.000 millones, que la recaudación caerá en otros 35.000/40.000 millones, que las ayudas directas a las empresas suponen unos 30.000 millones y que en prestaciones por desempleo gastaremos 25.000 millones más que el pasado año, el déficit público será de unos 140.000 millones. Como es lógico, más déficit implica más deuda pública en la misma cuantía. A la que habría que sumar la que nos corresponde por la parte a aportar al Mecanismo Europeo de Recuperación.

Y, en el fondo de todo, más desigualdad en nuestra economía porque el paro se ceba más en las capas más pobres y las ayudas sociales están tan mal diseñadas que cronifican la desigualdad.

Este es el parte médico que se puede hacer a mediados de agosto. Como es evidente, la enfermedad económica evolucionará dependiendo de las políticas económicas que se hagan. Y aunque hay buenas pautas desde Europa, no parece que tengamos un Gobierno que sepa qué hacer con nuestra enferma economía. Como tampoco parece que sepa tratar la pandemia.