El Consejo de Ministros aprobó el viernes una de las medidas más esperadas de las contenidas en el programa del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: el ingreso mínimo vital. Esta prestación, inédita en la historia de España, se preveía aprobarla e implantarla poco a poco durante los cuatro años de legislatura, pero la crisis económica y social provocada por la pandemia del coronavirus ha hecho que se acelerara su puesta en marcha porque cada vez era más urgente y necesaria. España era prácticamente el único país de la Unión Europea (UE) que aún no disponía de un ingreso mínimo vital de ámbito estatal. Sí lo tenían las comunidades autónomas, pero con una cuantía baja, una extensión limitada (unos 300.000 beneficiarios en total) y grandes desigualdades entre ellas, dándose el caso de que mientras en el País Vasco un 70% de los posibles aspirantes lo ingresaba, el porcentaje no pasaba del 2% en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Ahora, se calcula que tendrán derecho a la prestación 850.000 familias, con lo que podrán salir de la situación de pobreza unos 2,3 millones de personas. La pobreza en España alcanza cifras desproporcionadas: 12,3 millones (el 26,1% de la población) están en riesgo de pobreza o exclusión social, la séptima tasa de pobreza más alta de la UE, mientras que la pobreza más grave se eleva al 12,4%. En Córdoba, el INE publicaba esta semana un estudio en el que se reflejaba, nuevamente, que cuatro zonas de la ciudad (Azahara-Palmeras, polígono del Guadalquivir, Sector Sur y Moreras-Huerta de la Reina) se encontraban entre las más pobres de España y se remarcaba que la capital cordobesa era la que tenía la tercera tasa de paro más alta. A esto hay que unir también que algunos de los grandes municipios (Lucena, Priego, Palma del Río y Puente Genil) figuraban entre los que tenían menor renta. La emergencia social continúa en Córdoba. El Banco de Alimentos ha asegurado que en breve se quedará sin existencias para abastecer al aumento de familias que no tienen recursos, a lo que hay que unir el incremento de personas que acuden a los repartos de comida de algunas parroquias. No hace falta dar más cifras para ver que «este nuevo derecho social», como lo ha llamado Pablo Iglesias, era ineludible. Será aplicable desde el 1 de junio, con carácter retroactivo desde esa fecha si se accede más adelante, con una cuantía que irá desde 462 euros mensuales (por una persona) hasta 1.015 euros (para una unidad familiar de cinco miembros) y compatible con las rentas mínimas existentes en las comunidades autónomas.
Acertadamente se establecen incentivos para que los potenciales beneficiarios no consideren más rentable rechazar un empleo por el temor a perder parte de la prestación. Se calcula que el coste del ingreso mínimo vital será de unos 3.000 millones anuales, cuando las necesidades de recursos públicos están desbordadas. Queda por dilucidar si la gestión será estatal o se traspasará a las comunidades. Pero lo cierto es que para las familias más vulnerables, ahora se va a convertir en una ayuda estructural imprescindible ante la recesión que se avecina.
