La recesión económica que tenemos encima, además de generar un importante problema de paro, nos va a generar un importante déficit público. Un déficit público que, según los cálculos del Banco de España, estará entre el 9 y el 11%, lo que unido a la caída del PIB situará la deuda pública española neta entre el 118-123% del PIB.
El déficit público esperado a finales de este estará, posiblemente, por encima de ese 11% que ha calculado el Banco de España. Las razones para esta estimación son las siguientes: en primer lugar, porque ya arrastrábamos un déficit estructural; en segundo lugar, porque, por efecto de la recesión, los ingresos tributarios se van a contraer; y, en tercer lugar, porque para luchar contra la recesión, los gastos públicos se van a expandir.
El déficit estructural que arrastraba el sector público español del que se informó a la Comisión Europea se calculó, para 2018, en unos 30.500 millones de euros, un 2,5% del PIB, y para 2019 en unos 35.195 millones (con presupuestos prorrogados), lo que suponía un 2,8% del PIB. Para este año 2020, el Gobierno de coalición del señor Sánchez había «conseguido» que Bruselas aceptara casi 38.000 millones de déficit, pues una parte del incremento de gasto tenía que ir a pagar los pactos con los nacionalistas e independentistas (¡qué lejos suena todo esto!). Con estos déficits, la deuda pública neta se estimaba que alcanzaría este año casi el 100% del PIB.
A este déficit estructural hemos de sumar ahora la caída de ingresos, fruto de la menor recaudación por la paralización de la actividad. Si consideramos que los principales impuestos directos (IRPF y Sociedades) recaudan unos 120 mil millones de euros, que por IVA y tasas se allegan unos 121 mil millones y por Cotizaciones Sociales unos 114 mil millones, no es demasiado arriesgado decir que la caída de la recaudación rondará unos 35-40.000 millones, lo que supone otro 3-3,3% de déficit.
Si a esta caída de ingresos le sumamos las partidas de gasto que ya se están incrementando, tales como el crecimiento de los gastos sanitarios (unos 4.000 millones), las ayudas a las empresas (unos 35.000 millones entre distintos conceptos) y la ayudas a las familias (que serán unos 8.000 millones), nos encontramos con otros 47-49.000 millones de euros de mayor gasto, lo que supone otro 5-5,5% de PIB.
El déficit total para este año estará entre 120-125.000 millones de euros, o sea, el 10,8-11,6% del PIB, lo que disparará la deuda a un 116-118%. Un déficit que se proyecta en el futuro ya que el año que viene, 2021, se situará en un 6-8%, porque, aunque se recupere la economía, la recaudación tarda unos meses en hacerlo. Igual que tendremos déficit en los siguientes años, en una senda que no es previsible, porque depende de la política presupuestaria que siga el Gobierno.
El problema es que no sabemos qué estrategia presupuestaria tiene en mente el presidente Sánchez, si es que tiene alguna, ni sus socios de coalición. Desde luego, si confían en hacer un ajuste fiscal con ocurrencias como las tasas Google y Tobin (unos 2-3.000 millones), con el Impuesto de Patrimonio (en sus mejores años recaudó unos 3.000 millones), incrementando el marginal del IRPF sin tocar el impuesto, subiendo las cotizaciones sociales (con aumento de las bases de cotización, por ejemplo) y cosas parecidas, y no ajustar las distintas partidas de gasto, vamos directos a un agujero fiscal que lastrará la economía española de la próxima década. Y, lo que es peor, a una deuda pública que tendrán que pagar las generaciones futuras.
Lo siento, pero creo que con las cuentas públicas tenemos un problema grave y doble: el que no van a cuadrar en años y un Gobierno al que no creo capaz de hacer una estrategia coherente para cuadrarlas, porque se diseñó para gastar. Máxime cuando su estabilidad depende de los insolidarios fiscales independentistas catalanes y vascos.
* Profesor Política Económica
Universidad Loyola Andalucía
