Una crisis que venía de largo

Es en este punto donde deberíamos preguntarnos, especialmente para el caso español, ¿cuándo acabó la crisis económica anterior? Los datos de desigualdad, también territorial, pobreza, desempleo, explotación, emergencia habitacional, precariedad y emigración nunca han dado como conclusión que la pasada crisis económica del 2008 estuviera cerrada, sino todo lo contrario. El modelo especulativo del capitalismo financiero, que en España tuvo un gran epicentro de sus desastrosas consecuencias, situaba a la construcción, el turismo, la desindustrialización y las privatizaciones como unas fatales bases para nuestro país, tal y como hemos podido comprobar en el transcurso de esta pandemia. Un sistema con su correspondiente modelo productivo que tras la crisis económica de 2008 no ha sido modificado ni un solo ápice, más allá de los propios movimientos interesados del gran capital y sus actores.

Este modelo productivo, que genera tales consecuencias para la población y, por lo tanto, determinadas condiciones de vida, no se ha pretendido alterar, modificar, ni tan siquiera matizar, siguiendo el dictado del gran capital y de sus instituciones europeas al servicio de Alemania, volviendo a evidenciarse en esta nueva crisis económica. Un país y un modelo productivo que durante estos días ha quedado en evidencia ante la inexistencia de productos básicos y elementales para la propia vida, como pueda ser el material sanitario, y que nos obligaba a acudir a un mercado internacional del pirateo, literalmente, donde los propios países 'aliados' de la UE y la OTAN paralizaban, requisaban y bloqueaban tanto la compra, el precio y la llegada de dicho material.

Un país y un modelo productivo que no tiene capacidad de producir, ni de elaborar y fabricar productos reales y tangibles, sin industria y sin desarrollo tecnológico. Desde la crisis de 2008 hemos continuado con una economía irreal, donde fondos de inversión, fondos buitres y transnacionales controlan la economía de nuestro país, ajena a los intereses generales, pero sí al servicio de los intereses particulares, minoritarios y elitistas de algunos que, en estos instantes, pueden estar en una isla desconocida y paradisíaca viendo como sus "activos” se multiplican y sus cuentas corrientes aumentan exponencialmente.

Este nefasto modelo productivo conlleva un proceso de desindustrialización y deslocalización, que ha sido una característica general de los países europeos, con especial énfasis y agudización en España. Es importante recordar que mientras nuestro país se desindustralizaba, otros se industrializaban, siendo el peso actual de nuestra industria en la economía española de tan solo el 11%. Una lógica neoliberal que iba acompañada de las privatizaciones de sectores estratégicos e industriales. Estos, que eran parte estructural de los estados y de su economía, pasaban a manos de compañías privadas y transnacionales, cuando no directamente a oligarcas.

Un modelo productivo que comienza con la etapa del desarrollismo franquista, concretamente con el inicio de la construcción y el mercado inmobiliario y con el turismo de sol y playa, que establecía las bases del actual modelo productivo. Posteriormente, se inicia una nueva fase del capitalismo español con las privatizaciones, en concreto, en 1982 con los gobiernos de Felipe González, con cerca de 80 operaciones, siguiendo al pie de la letra y, como alumno aventajado, las indicaciones europeas para implantar las bases de la Europa neoliberal (La firma del Acta de Adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1985 y el Tratado de Maastricht en 1992) para que los gobiernos de Aznar acelerasen el proceso.

Sectores como la electricidad, las telecomunicaciones, petróleo, minería, transporte, banca, metalurgia (SEAT, Repsol, Hunosa, Altos Hornos, Renfe, Iberia, Tabacalera Española, Endesa, AENA, Argentaria, etc.) fueron algunos de ellos. Todo estos sectores públicos fueron víctimas de este proceso privatizador, siempre bajo el falaz argumento de la “modernización” y la “competividad”. Es curioso cómo en Francia, mientras y de forma paralela, el gobierno presidido por Mitterrand y conformado por socialistas y comunistas inició en 1981 un gran proceso de nacionalizaciones que abarcaban numerosos sectores (Siderurgia, banca, construcción, aluminio, farmacia, etc.). No obstante, el proceso privatizador en el país vecino comenzaría posteriormente, en 1986, con la llegada al gobierno de la derecha gaullista y con Chirac como Primer Ministro, produciéndose un periodo de cohabitación con el Presidente Mitterrand.

Las privatizaciones en nuestro país tuvieron como una de las consecuencias la creación de una élite económica, a cuyas manos fueron a parar las empresas públicas privatizadas, conformada por oligarcas provenientes del franquismo junto a “amigos” de los jefes de Gobierno. Una élite que podemos verla en los palcos de los grandes estadios de fútbol o en las páginas de la revista Hola. Desindustrializaciones y deslocalizaciones en Europa y en España a favor de transnacionales y oligarcas para que las industrias se trasladasen a países que cumplían dos primordiales requisitos, laxos (en el mejor de los casos) o inexistentes costes, derechos y condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores y, de forma similar, una leve o absoluta desregulación de las condiciones ambientales y contaminantes. En resumidas cuentas, aumentar la riqueza del gran capital, como único fin, a costa de la pérdida y empeoramiento de las condiciones de vida de las sociedades.

La provincia de Córdoba como consecuencia

Las consecuencias de todo este entramado económico, político, social y cultural, que es el modelo neoliberal, se puede visualizar en lo concreto, con datos socioeconómicos de un territorio determinado, para permitirnos entender las consecuencias de su aplicación. Desgraciadamente, un buen ejemplo es la provincia de Córdoba, donde los datos de diferentes organismos nos dan una terrible radiografía. Nuestra provincia tiene una tasa de desempleo del 22,21%, la pobreza infantil está situada en el 43,1%, somos la segunda provincia de España con la tasa más elevada de personas mayores residiendo en hogares en riesgo de pobreza (27%), la tercera provincia de Andalucía y la sexta de España con la pensión contributiva más baja, sólo en 2018 más de 32 mil cordobeses y cordobesas tuvieron que emigrar fuera de la provincia, entre 2013 y 2019 los juzgados ordenaron 4.853 desahucios, el 87% de los municipios de la provincia pierden población, comarcas como Los Pedroches y el Guadiato están incluidas en la peligrosa realidad de la despoblación, y mientras 223 propietarios de inmuebles urbanos controlan más de 11.150 propiedades y más de 8.850 fincas están en manos de tan solo 177 propietarios. Ante estos escalofriantes datos, que han venido agudizándose de forma crítica tras la crisis económica de 2008, no cabe ninguna duda de que solo puede esperarse cambiar el rumbo y desechar este modelo productivo.

Durante estos días se han producido declaraciones sorprendentes. El gobernador de Nueva York afirmaba que el Gobierno federal "debe nacionalizar la adquisición de equipo médico ya que tiene la capacidad de hacerlo a través de la Ley de Producción de Defensa y hacerse cargo de su distribución", Bruno Le Maire, Ministro francés de Economía y Finanzas sostuvo que ”No dudaré en utilizar todos los instrumentos a mi disposición para las empresas atacadas en los mercados" argumentando que "Puedo incluso usar el término ‘nacionalización’ si es necesario”, el Vicecanciller alemán, Olaf Scholz, ante la pregunta de si preveía la participación financiera del estado respondió que “aunque se trató de otro sector, los bancos, puede ser que de repente las empresas tengan problemas de liquidez” y que por lo tanto “estaremos preparados para aportar nuestra contribución con los fondos de estabilización del mercado financiero que instituimos hace más de diez años”. A su vez, recientemente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) hacía unas declaraciones en el Diario Córdoba: “Es un cambio de mirada en todo. Qué duda cabe que la salud y la seguridad son la prioridad. En el ámbito de la economía y, como país, parece más que evidente la necesidad de tener cubiertos bajo cualquier circunstancia sectores estratégicos. No ser tan dependientes de terceros países debe ser un objetivo”. Estas declaraciones de diferentes personas, nada sospechosas de una concepción pública, estatalista y socialista de la economía, supone todo un derrumbamiento del dogma neoliberal y de un modelo productivo que se ha visto superado.

En el caso de la provincia de Córdoba, desde la crisis del 2008 hasta nuestros días, nunca se originó un cambio de rumbo neoliberal, ni siquiera una breve tregua a esa hoja de ruta, más bien supuso una continuidad en la desindustrialización, provocando los sangrantes datos anteriormente mencionados.

Para ello, tenemos varios ejemplos como la antigua Carbonell, perteneciente a Deoleo. Una de las más importantes comercializadoras de aceite de Andalucía y que ha venido reduciendo la capacidad industrial de la compañía. El ERE en la planta situada en Alcolea terminó afectando a 46 trabajadores y trabajadoras.

También, la situación de ABB, empresa fundada en 1930 y que llegó a alcanzar los 1800 trabajadores con la Westinghouse, estando recientemente adquirida por la multinacional japonesa Hitachi. Esta viene sufriendo paros en la producción y suprimiendo líneas de producción, trasladándose recientemente una parte de la producción a Turquía. El resultado final ha sido un ERE con 43 bajas en la planta de Córdoba.

Los Planes Miner para la comarca del Guadiato es otro ejemplo. Unos planes que eran la “alternativa” al cierre traumático que supuso el cierre de las minas iniciado por la reconversión industrial y que afectó a la cuenca minera. Un fracaso en todo el estado, que nunca resultó ser ningún plan de reindustrialización, sumado al injusto maltrato que ha sufrido la comarca por los diferentes gobiernos centrales, con deudas del segundo plan y excluidos tanto del tercer plan como del cuarto. La consecuencia es la pérdida de más de 6 mil puestos de trabajo desde 1991 hasta el año 2012.

A esto se suma, el cierre de la Central térmica de Puente Nuevo. Un cierre que está previsto para este próximo mes de junio y que demuestra el actual proceso de desindustrialización que venimos sufriendo. Actualmente la central genera 70 puestos de trabajo directo y 150 indirectos. El ERE recientemente aprobado supone la baja de 50 puestos de trabajo y el traslado a otros puntos del país de más de 10 trabajadores. El actual escenario es de un futuro incierto y poco conocido, con la pérdida de la industria y de empleos y, a su vez, pendientes de un plan proveniente de la UE en relación a Fondos de Transición Justa, donde la comarca ha sido incluida

Otro ejemplo es Endesa y los constantes los cortes de suministro eléctrico que sufren los municipios de nuestra provincia por parte de esta compañía eléctrica, anteriormente pública y que fue privatizada para, posteriormente, ser adquirida por una compañía pública italiana como es Enel. Cortes del suministro eléctrico que afectan año tras año y de norte a sur de la provincia provocando graves problemas a la población y a las actividades económicas y que muestran las deficitarias instalaciones existentes como la falta de inversiones en las infraestructuras necesarias. Una situación provocada por la compañía eléctrica privatizada que, pese a la leve industrialización actual de la provincia, no facilita el poder revertir la situación.

A día de hoy y de forma inminente es el momento de cambiar al rumbo. No podemos permitir que volvamos a repetir la gestión de la crisis de 2008, donde la hoja de ruta neoliberal continuó acelerando sus acciones. Necesitamos que el estado, con todas sus estructuras administrativas, intervenga, pero que intervenga de una forma diferente al pasado. Porque pese al mantra neoliberal de la no intervención del estado, en la crisis del 2008 este actuó, sin duda, pero para continuar apoyando al gran capital y a la minoritaria oligarquía. La creación del banco malo, el rescate bancario, la bajada impositiva y tributaria a transnacionales y grandes empresas, el debilitamiento y desmantelamiento de las administraciones públicas y de los servicios públicos, las legislaciones laborales contrarias a los trabajadores y trabajadoras, la devaluación salarial y precariedad laboral… medidas que muestran la intervención del estado.

Necesitamos un país con un modelo productivo real, donde aprovechemos los recursos endógenos propios, generando polos industriales, con especial incidencia en la llamada España vaciada, que contribuya a desconcentrar las grandes urbes y favorezca la recuperación y crecimiento del mundo rural. Una industrialización del país que debe estar liderada por la inversión y gestión pública, a través de empresas públicas y desde las diferentes administraciones, pues no debemos olvidar que España es el país de la UE con el menor número de empresas públicas. No obstante, nuestra provincia consta de varias empresas públicas fundamentales para el normal funcionamiento de nuestra economía y nuestras vidas. Algunas de ellas como Epremasa y Emproacsa, empresas públicas pertenecientes a la Diputación Provincial y dedicadas a la recogida y tratamiento de residuos y al suministro de agua, o Sadeco y Emacsa, empresas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Córdoba dedicadas a la recogida y tratamiento de residuos y al sumistro del agua.

Un necesario modelo productivo real, y no especulativo ni sostenible social ni ambientalmente, de planificación pública y democrática que sitúe la industrialización y los sectores estratégicos y su producción al servicio de la mayoría social, que sirva además para la modernización de la economía, que apueste por la investigación, la innovación y la tecnología, con capacidades propias y no dependiente, que contribuya a la cohesión social y territorial y que socialice los beneficios.

Como se mencionaba anteriormente, la gestión de la crisis de 2008 evidenció la continuidad y aceleración del dogma neoliberal, con la intervención del estado y los poderes públicos a su favor y con el objetivo de consolidar y aumentar el beneficio de las élites y poderes económicos. A día de hoy, la apuesta solo puede y debe ser otra, el desarrollo de un modelo económico y productivo de carácter democrático, socializante y público, que esté al servicio de la mayoría social trabajadora, de nuestro pueblo. Ese es el plan, ese es el reto.

*Politólogo. Secretario de Organización Provincial de IU Córdoba.