Sirvan las primeras líneas para expresar mi humilde pero sincero y total apoyo a las manifestaciones y tractoradas que, por fin y por dignidad, están realizando agricultores y ganaderos de Andalucía y otras partes de España. Y digo por fin y por dignidad porque la humillación a la que está sometido el productor es desmedida y porque deberían haber ocurrido 15-20 años atrás, pero mis propuestas de entonces fueron consideradas inoportunas por otros dirigentes acomodados.

La pregunta que toca hacerse es doble, pero sencilla y rápida de formular: ¿quién y qué puede hacerse? La respuesta no es tan sencilla ni tan rápida, pero hay alternativas y seguro que quienes están en el día a día del asunto tienen más que las que sugiero. Los gobiernos no pueden establecer un precio mínimo en un libre mercado, quien eso propone a los agricultores está mintiendo (pero, dicho sea de paso, la mentira es el acto más repetido en este país y ya no asombra). También se habla de reducciones fiscales en la cadena, pero la cadena desde productor hasta consumidor es variable y puede ser muy larga según el producto (incluyendo transportista, almacenista o cooperativa, distribuidor mayorista o minorista, mercado), por lo que una reducción fiscal en la cadena beneficiaría más al consumidor que al productor. A quien produce le interesa que se le disminuyan sus costes de producción, que se vienen incrementando y de forma alarmante desde hace años; el Gobierno podrá hacerlo con bonificaciones en combustible, electricidad, generación de empleo, lo que evitaría parte de la mala prensa que ha adquirido el SMI en el sector, controlando los precios de fitosanitarios, etc. Las exigencias para producir alimentos de calidad y saludables son muchas, lo que justificaría esa compensación económica. El otro agente clave es el productor, en quien reside la verdadera fuerza y parece que ahora toma conciencia. Para ejercer esa fuerza es condición sine qua non estar asociado, especialmente el pequeño agroganadero porque es el más débil y su pequeña fuerza se ve frecuente y fácilmente amenazada por la supervivencia. La asociación debe hacerse con cabeza, que es muy distinto de poner al frente al más cabezón anatómico o al terco. Es necesario que la cabeza dirigente esté cercana al socio de base y, desde la asociación, pueda proporcionar recursos para soportar la no venta del producto. En la asociación, el socio debería exigir medidas y propuestas a sus dirigentes y, sobre todo, que no salga producto a precio por debajo de coste de producción más un margen razonable, lo que podría conducir a un desabasteciendo de los mercados, y también impidiendo la entrada de productos de otros países, como lo han hecho los franceses muchas veces con nuestros productos; a la vez, ofreciendo el producto directamente, en los casos que sea posible, en supermercados o puntos de venta propios. Pero incluso pensando en ese precio razonable más el margen puede haber diferencias en ello; por ejemplo, el coste de producción del olivar intensivo o superintensivo no tiene nada que ver con el del olivar tradicional y menos con el marginal de sierra. Pero seguro que a los productores de superintensivo no les importaría tener mayor beneficio. ¿Y responden los dirigentes? Pues más bien no, están muy acomodados o preocupados por su beneficio propio, que se resiente poco por los altibajos de precios, cuando no en hacer la puñeta al vecino, aunque se deje los cuartos en el intento. Y, por último, transparencia y lealtad hacia el socio de base. Una importante cooperativa ha comunicado a sus socios que la liquidación efectuada es parcial para justificar el pésimo precio; pero la liquidación final y total, si es que llega, supondrá una mejora de no más de ocho céntimos cuando la diferencia con otras asociaciones ha sido de 30 o más. La información no es mentira, pero resulta engañosa porque hace albergar esperanzas irreales al socio de base. Así no prosperamos, y si no hay exigencia a los dirigentes, las migajas o mendrugos de pan de hoy serán hambre mañana. No hay duda, las manifestaciones lo corroboran.

Tampoco se puede olvidar la evolución de la demanda de nuestros productos. En concreto, en el caso del aceite, según datos del COI, la demanda en Europa ha caído más de 500 mil toneladas, y precisamente ha sido en los países productores donde más ha descendido: Italia (300.000), Grecia (150.000) y España (90.000). Por tanto, se impone priorizar políticas de desarrollo de la demanda en los países productores, pero también en otros, y específicamente llamando la atención de las personas más jóvenes y vinculando los aceites de oliva a bienestar y vida sana.

En definitiva, las protestas se han hecho necesarias para que la sociedad sea consciente de la grave situación por la que atraviesa el campo, pero también conviene hacer un diagnóstico certero de las circunstancias que lo han llevado hasta aquí. Es necesario, además, continuar insistiendo en concentrar la oferta, en apostar por la calidad y, sobre todo, por la buena gestión. También por exigir a las administraciones competentes mayor compromiso con lo rural y, sobre todo, con las normas que tratan de equilibrar la cadena de valor y la regulación de la oferta. «Combinar autocrítica con demandas a las administraciones es un ejercicio necesario y responsable».

Para terminar, una pregunta-brindis: ¿tendrán que organizarse los productores en una asociación o partido, ni de izquierdas ni de derechas, más bien de todos, que defienda los intereses del campo sin más, que evidencie que ese mundo existe y es esencial para la vida y salud de los españoles?

* Catedrático de la Universidad de Córdoba; expresidente de Cooperativa Olivarera San Isidro de Espejo