Tras la borrasca

Guaidó ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela, frente y en oposición al actual presidente Maduro, por unos 60 países, entre ellos España. Por el contrario, Rodríguez, como vicepresidenta actual de Venezuela, tiene prohibida la entrada (desde mediados de 2018) en el territorio de cualquier país miembro de la Unión Europea. Y al calor del fuego de la chimenea, frente a este frío que nos ha traído Gloria, el Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) pero de una sola voz y resolviendo diferencias internas, resiste. Resiste en la conjunción de que Sánchez no ha dado audiencia a Guaidó, de que Unidas Podemos ha tenido un fuerte apoyo al Gobierno de Maduro, y de que Ábalos no ha mostrado claridad sobre su fortuito y secreto encuentro con Rodríguez, en el aeropuerto.

Claro, que la borrasca también acecha sobre el proceso que Sánchez pretende realizar, de desjudicialización, o de poner término a, “la deriva judicial” frente a la crisis independentista catalana. Crisis con la cual se han trenzado y avivado otras identidades nacionales y territoriales. Y ante la cual, la nueva fiscal general del Estado ya había reconducido a los servicios jurídicos del Gobierno a cambiar la base de acusación de “rebelión” en beneficio de la de “sedición”. Todo un escenario de clima político, al que se le suma la pretensión de Puigdemont, como parlamentario europeo, de establecer que la crisis catalana no siga siendo un asunto interno de España, sino un asunto de Europa. Un asunto europeo en el que nuestro país tendría que transigir.

Pero ni la unidad de acción del independentismo catalán está para exigir, sumergido como está en diferentes voces y diferencias internas. Y más ahora con la disyuntiva de qué hacer con Torra. Y, ni Europa está para establecer “lecciones”. Ya que antes necesita lo que la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha introducido: un proceso deliberativo de dos años para revisar como la UE funciona, revisar fundamentalmente sus tratados, escuchando e implicando a sus ciudadanos, y no solo a sus instituciones. Todo un proceso preparatorio para iniciar cambios en los tratados. Y en definitiva trazar el futuro de Europa desde las voces de sus ciudadanos y organizaciones sociales.

Tampoco está muy respaldada para exigir, la frágil legislatura de Sánchez. Con el apoyo de solo 155 diputados sobre 350. Donde la cuestión tiene que centrarse no en resistir o poder durar, sino en el crecimiento económico. Asunto que el propio Gobierno ha establecido como primordial. Pero que lo establece en un escenario de clima político tormentoso, donde ya se ha pronosticado que nuestra economía se ralentizará en su crecimiento, pasando de un 2.1% en 2019 a un 1.8% en este año. Una ralentización que además tendrá que hacer frente a la Agenda 2030. Un acuerdo suscrito en 2015 por 193 países en el marco de la ONU, y con con muy pocos avances hasta ahora.

Esta agenda con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la asume la Vicepresidencia de Asuntos Sociales dirigida por Pablo Iglesias. Y habrá que creer para ver que avances podrán realizarse, cuando el ojo del huracán de la vida política de nuestro país está centrado en la tormenta independentista, en la capacidad del Gobierno de poder resistir a la intemperie de la legislatura, y en el enfriamiento de la economía. Y habrá que creer para verlo, cuando globalmente el mundo está siendo lento en actuar frente a estos objetivos de desarrollo sostenible, centrados en la igualdad entre las personas, la protección del planeta y la prosperidad.

Ya que lo que se ve, es que se va y se viene, como lo hace Donald Trump. Saliéndose y sacando a Estados Unidos, en 2019, del acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Para este año y en su asistencia al reciente Foro Económico Mundial de Davos (al que dio la espalda el año pasado) anunciar que volverá a adherirse. Habrá sido necesario, tal vez, que este año, la lucha contra el cambio climático haya estado entre las primeras prioridades de este Foro anual.

* Cronista