En defensa de la educación de los niños en libertad

La respuesta desde la derecha política, algunos sectores eclesiásticos y organizaciones parentales ha sido desproporcionada como si el gobierno estuviera atacando algún derecho humano o constitucional y no lo contrario, todo ello en coherencia con la guerra sin cuartel que han decidido contra el que consideran un gobierno “ilegítimo”.

La polémica

Minutos después de que la ministra pronunciara la frase, los medios y las redes hervían de ataques aún más desproporcionados contra una decisión tan mesurada como obligatoria para un gobierno que acaba de prometer la defensa de las leyes y cuando colegiadamente cree que se ha traspasado la legalidad vigente como es el caso. Primero insta con argumentos a la autoridad gubernativa transgresora a que retire la norma y advierte que de no hacerlo recurriría legalmente la norma. Nada de decisión dictatorial, al contrario, lo hecho es conforme a derecho y corresponderá a los tribunales decidir quien lleva razón, es más, en mi opinión los ministros hubieran sido prevaricadores si creyendo que una actuación es ilegal no hubieran actuado.

Lo malo es que inmediatamente miles de ciudadanos que comparten la consideración de que este gobierno es “ilegítimo” y en aplicación del “sesgo de confirmación” que les hace creer como ciertas las afirmaciones que coinciden con su manera de pensar, se lanzaron a repetir por tierra, mar y aire todas las palabras descalificatorias contra una acción tan mesurada, introduciendo un debate sesgado en chat de todo tipo.

¡Lo pone la constitución!

Pongamos un poco de orden. Claro que sí... Los padres tienen derecho a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. ¡Lo pone en la Constitución! Concretamente en el artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Para muchos parece claro que este artículo les da derecho como padres a oponerse a que sus hijos reciban charlas “adoctrinadoras” con un contenido tan ideológicamente peligroso como la llamada ideología de género, o la igualdad entre todos los seres humanos, o que no hay que hacerle bullying a otros alumnos por su orientación o su identidad sexual, o que la tierra es redonda y no se creó en 7 días o yendo a otros lados ideológicos cuando en clase se vaya a hablar de religiones si eres ateo, o cuando se monte un belén en Navidad o si eres vegano cuando se hable de las proteínas de origen animal.

Yo, la verdad, lamento el momento en el que al constituyente se le ocurrió mencionar este derecho en el artículo dedicado a la educación. Para empezar, porque no añadió nada: la libertad de conciencia, artículo 16 CE, ya incluye, como es lógico, el derecho al proselitismo y a transmitir las propias convicciones a los hijos. Y el inicio de la frase (“los poderes públicos garantizan”), tan solemne es una redundancia pues todo derecho fundamental conforme a la CE está garantizado por los poderes públicos, por lo que el 27.3 no aporta nada, más bien al contrario, lo que sí hace es restar. Restar derechos a los menores en detrimento de los de sus padres. Porque este derecho ha sido enarbolado siempre desde las mismas posiciones ideológicas y siempre para lo mismo: para exigir que los niños sean aislados de la realidad. Da igual que hablemos de Educación para la Ciudadanía que ya se encargó de suprimir el “moderado” PP de Rajoy o de charlas impartidas por un colectivo LGTBI.

No limita a otros agentes

El problema es que este derecho no se interpreta así. El derecho a elegir la educación religiosa y moral de los propios hijos aparece como una especie de leviatán que se traga todo lo que se le pone por delante, cuando no es eso en absoluto. Estamos, más bien, ante un derecho de mínimos, que pretende garantizar la libertad ideológica de los padres a la hora de criar a su prole, pero que no limita a otros agentes que también puedan tener interés en impartir formación ética.

Me explico: el derecho del artículo 27.3 sirve para impedir que el Estado monte gulags educativos, no para otra cosa. Si unos progenitores católicos quieren que su prole sea educada en los valores católicos, el Estado no puede prohibírselo; al contrario, debe garantizárselo. Los padres pueden impartir doctrina católica a sus hijos, por sí mismos o mediante terceros designados por ellos (sacerdotes, catequistas, etc.), y los poderes públicos no pueden interferir ahí. Pero, una vez garantizado este derecho, nada impide que los menores reciban otras educaciones morales y éticas conforme a los programas escolares, al criterio de los profesores y de los consejos escolares, a cargo de sujetos distintos a sus propios padres, y que podrán entrar más o menos en conflicto con la impartida por sus progenitores.

Pretender lo contrario sería, en primer lugar, ilusorio. La formación ética de una persona raras veces depende solo de clases regladas que como mucho ocupan el 15% del tiempo del menor. La relación con otros niños, con sus abuelos y familiares, el ejemplo, sobre todo el ejemplo, de otras personas, los mensajes que llegan de la televisión o de Internet, la propia experiencia... Todo eso va conformando la ética de una persona en crecimiento y determinará lo que considera aceptable e inaceptable al final de su adolescencia. Si entendemos el derecho del artículo 27.3 CE tal y como parecen concebirlo los que han puesto el grito en el cielo, estaríamos habilitando a los progenitores para encerrar a su prole en una burbuja en la que todas las influencias que no les gustan a ellos queden anuladas, quedando el menor aislado y sometido a la ideología o incluso a los prejuicios de su progenitor. Y como decía el Guerra: “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”.

Pero es que además hay otros sujetos que tienen la expectativa legítima de impartir educación ética a los menores. Y sí, me refiero a los poderes públicos. Si el párrafo 3 del artículo 27 CE reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación moral acorde a sus convicciones, el párrafo 2 obliga al Estado a educar en valores: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Esta es la base jurídica que, en último término, permite impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la Educación en valores sociales y cívicos, y es la que ampara las peligrosísimas charlas que “el pin parental” quiere impedir.

¿Y los derechos fundamentales del menor?

Y luego están, claro, los derechos fundamentales de los menores. Porque aquí parece que el interés del menor no importa, cuando es el criterio básico. Los hijos de estos padres enfurecidos tienen derecho a que se les hable de orientaciones sexuales e identidades de género distintas a las “normales”. Es perfectamente posible que ellos tengan esas orientaciones e identidades, y que una charla sobre el tema les siente como agua de mayo.

En el siglo pasado, en 1959, la ONU aprobó por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño, cuyo 10º principio hay que recordar: “El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. y así como se lo respeta, debe respetar a sus mismos.” Y sí, fue también con el voto del representante de España en aquellos tiempos, como comprenderán, nada sospechoso de bolivariano, comunista, ni bolchevique.

Este Gobierno no ha dado pruebas, todavía, de que quiera impedir a nadie educar a sus hijos en la fe católica o musulmana; al contrario, se trata de un derecho que debe respetarse. Pero ese derecho no lo cubre todo, solo ampara que se imparta la formación moral de su preferencia, no que veten el acceso de sus hijos a otras fuentes de valores, por muy en conflicto que estén con los de su religión o su gusto. Claro, que parece que tienen miedo a que sus valores no aguanten la comparación con otros valores, sobre todo en materia afectivo-sexual, como si la moral solo fuera eso.

“El Estado debe educar en valores. Si esos valores chocan con los impartidos por las familias, el conflicto deberá resolverse en la mente de cada alumno, no mediante la retirada de uno de los contendientes a golpe de artículo constitucional mal entendido. Tú tienes derecho a educar a tu prole en tus propias ideas, no a que esa educación tenga efecto (algo, por lo demás, imposible de garantizar) ni a meter a tus hijos en una cámara de eco donde solo escuchen tus sermones”.

La defensa legítima de la libertad de enseñanza no debería usarse continuamente contra el derecho a la educación de la libertad en libertad, porque pudiera ocurrir que hartos de tanto grito de que “¡viene el lobo!”, cuando de verdad se produzcan ataques a dicha libertad no nos lo tomemos en serio.

* Profesor jubilado de la Universidad de Córdoba y militante socialista