Pedro Sánchez ha armado un Gobierno de coalición con 22 ministros para afrontar una legislatura compleja y transmitir solidez y rigor económico, a la vez que internamente trata de hacer posible la convivencia de las almas de los dos partidos que configuran este inédito Ejecutivo progresista. Objetivo: la Moncloa durante cuatro años, aunque lo prioritario es dar luz verde a los Presupuestos que den recorrido al programa acordado.

Bajo la batuta del presidente, cuatro vicepresidencias -tres del PSOE con carteras de peso y Pablo Iglesias al frente de Derechos Sociales y Agenda 2030- y un plantel de nombres que combina continuidad y perfil político con nuevas caras con bagajes más técnicos, como José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Arancha González (Exteriores). Tras un goteo de nombres durante tres días, el último ministro en darse a conocer fue el de Justicia, Juan Carlos Campo. Un magistrado andaluz con experiencia como secretario de Estado de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, como vocal del CGPJ durante siete años y con plaza en la sección Penal de la Audiencia Nacional. Tiene tablas políticas y contactos directos en la alta judicatura. En un momento en que la justicia española continua acaparando titulares por los causas del procés y lidia con campañas de descrédito, la gestión del ministerio requerirá, si se pretende desjudicializar la cuestión catalana, de un trabajo delicado y de equilibrios.

La fotografía de familia de los ministros hoy es el punto de partida de una legislatura en la que rápidamente se conocerán las primeras medidas de un Ejecutivo al que le ha llegado la hora de gobernar. La subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones y la derogación del despido por bajas médicas podrían salir de la primera reunión del Consejo de Ministros de mañana.

En su comparecencia tras comunicar la lista de los elegidos al Rey, Sánchez resumió sin sorpresas sus líneas maestras: diálogo social, territorial y generacional. Se trata de una declaración de intenciones alineada con el tono moderado y de descompresión que ha querido imprimir el presidente con el equipo configurado, que pretende rehuir la crispación y los vetos. No lo tendrán fácil ni PSOE ni Unidas Podemos, vistas las primeras sesiones en el Parlamento con formaciones que parecen querer una España abonada al insulto y a la descalificación, en palabras del propio presidente.

La carpeta catalana también servirá de recurso de la oposición para torpedear la gobernabilidad de la coalición. Prueba de ello es que Sánchez ha decidido tomar personalmente, junto a Carmen Calvo, las riendas del diálogo con los independentistas. La aportación de Salvador Illa, ministro de Sanidad, en esta nueva senda abierta puede ser muy útil a Sánchez para calibrar los pasos en la futura mesa de negociación bilateral, desterrar la política de trincheras y, de paso, conocer más a fondo los movimientos internos que sacuden al independentismo. El primer paso será una reunión formal con el todavía presidente Quim Torra, aunque lo más relevante será el devenir de una mesa entre gobiernos que desde varios sectores hay mucho interés en dinamitar.

* Periodista