Ya sea por administración desleal o por apropiación indebida, malversar el dinero de los contribuyentes es un delito que se paga hasta con seis años de cárcel, los que le han caído a Griñán por permitir que su consejería se saltara todos los controles, incluido el interventor, para despilfarrar 680 millones en Andalucía. Se pongan como se pongan el PSOE y el PP, tanto el caso ERE como la Gürtel son de una obscenidad alarmante, y más les valdría aparcar de una vez el «tú más» por respeto a la ciudadanía y a su siempre enmudecida militancia. La trama política que se ha juzgado es solo una parte de la macrocausa andaluza que lleva nueve años rondando por los tribunales. Otra obscenidad, esta judicial. Quedan por juzgar otras 187 diligencias en las que se investiga a cada empresa subvencionada, y entonces será el crujir de dientes, cuando aparezcan los amigos beneficiados con 34 millones para crear un periódico que no tenía más objeto que la extorsión. O las aseguradoras y los sindicatos que cobraron sobre comisiones por hacer el trabajo sucio. O las suegras y las cuñadas que jamás cotizaron y se levantan 1.800 de pensión. O la impudicia de ese director general y su chófer que bebían, fornicaban y esnifaban a 25.000 euros la noche. Espero que no nos ahorren detalle y que esta desvergüenza sirva de vacuna para quienes administran y para quienes compran votos y voluntades con dinero público. Hay muchas formas de corrupción, y favorecer entramados empresariales para colocar a los hijos en la comunidad con más paro de España es una de ellas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a la minera Matsa, donde trabaja de apoderada la hija de Chaves, a devolver la ayuda de diez millones que recibió en el 2009, con Chaves de presidente. ¿Ley de Incompatibilidades? ¿Qué es eso?
