Las elecciones del 26 de mayo, y los acuerdos posteriores para conformar los gobiernos autonómicos, dibujaron un nuevo mapa político en España, que empieza a tener su reflejo en la fiscalidad. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido quien ha marcado más el tono en este aspecto, con su promesa de «la mayor rebaja fiscal de la historia» en esta comunidad. Menos grandilocuentes, pero con esa idea de bajar impuestos, se han referido otras autonomías gobernadas por el PP y sus socios, como Andalucía y Murcia. Frente a estas, los ejecutivos autonómicos en manos del PSOE defienden una política fiscal más redistributiva.
Forma parte de las competencias de cada comunidad fijar impuestos al alza o a la baja, y entra dentro de la lógica que un gobierno popular apueste por políticas liberales, pero llevar el asunto al ámbito de la confrontación territorial es imprudente. Cuando Díaz Ayuso tacha de «infierno fiscal» a las comunidades gobernadas por la izquierda, se aferra a un discurso simplista y evita aclarar a qué coste saldrá su prometida rebaja de impuestos en Madrid, donde el gasto público per cápita en sanidad o educación ya está por debajo de la media española. En un escenario político incierto que puede abocar a otras elecciones generales, el PP puede usar Madrid como escaparate de sus recetas y utilizar los impuestos de forma demagógica como arma electoral.
