El próximo martes, 11 de diciembre, sabremos si Westminster aprueba el Acuerdo de Retirada que permite la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Dicho tratado abre la puerta a un periodo transitorio, que puede durar años, durante el cual se negociará la «relación futura» entre Gran Bretaña y la UE. Aunque Theresa May ese día prevalezca, la historia del brexit no se habrá terminado. Pero al menos se evitará el caos que generaría una ruptura brusca.
España mantuvo su veto al texto hasta conseguir que quedase claro que los acuerdos sobre la «relación futura» entre Europa y el Reino Unido no incluirán a Gibraltar. Los británicos acabaron aceptando, en un intercambio de declaraciones con el Consejo y la Comisión Europea, la interpretación que defendía España del ahora famoso artículo 184.
Eso no quiere decir que no se puedan negociar acuerdos entre la UE y Gran Bretaña sobre el Peñón. Pero la UE se ha comprometido mediante declaraciones del Consejo Europeo y la Comisión a que nada se podrá acordar sobre su relación con Gibraltar si España no está de acuerdo. Y, aunque ni el Gobierno británico ni el de de la Roca ni los partidos de la oposición lo quieran reconocer, eso nos permite encarar desde una posición de fuerza la siguiente fase negociadora de un interminable brexit.
El brexit nos afecta mucho porque las relaciones entre España y el Reino Unido son especialmente intensas. Gran Bretaña es el principal destino de nuestras inversiones y el segundo inversor en nuestro país. Hay más de 300 empresas españolas en aquel país, con una presencia muy diversificada: bancos, servicios financieros, infraestructuras de transporte, energía, telecomunicaciones, salud... Además, España es el destino preferido de los turistas británicos, el 25% de los que recibimos anualmente.
Lógico, pues, que a españoles y británicos el brexit nos preocupe. Ahora se reconoce por sus propios promotores que el resultado del referéndum estuvo muy influido por información falsa: uno de los principales argumentos que utilizó la campaña del leave fueron los famosos 350 millones de libras que se ahorraría el Reino Unido cada semana.
La experiencia está demostrando lo difícil que es llevar a cabo la desconexión de Gran Bretaña de la UE, aunque tenga moneda propia (no está en el euro) y su propia frontera (no está en Schengen). Parece mentira que se haya podido hacer creer que Cataluña, compartiendo con España moneda, fronteras e instituciones económicas y políticas, pudiese convertirse de la noche a la mañana en un Estado independiente.
Volviendo a Gibraltar, el Acuerdo de Retirada contiene un protocolo específico que explica cómo aquel se aplicará a ese territorio, que no es parte integrante del Reino Unido como lo son Escocia o Gales, sino que es un Territorio Británico de Ultramar, cuya representación exterior le corresponde a dicho país y que es considerado por la ONU como un territorio a descolonizar.
Como complemento a dicho protocolo, España ha suscrito con Gran Bretaña cuatro acuerdos bilaterales que resuelven algunos de los problemas de las relaciones del Peñón con España en materia de derechos de los ciudadanos, tabaco, medioambiente y cooperación policial y aduanera, respectivamente, y otro más sobre fiscalidad, que tendrá el rango de tratado internacional. Estos acuerdos mejorarán sensiblemente la situación del Campo de Gibraltar.
En la polémica que se produjo sobre esos acuerdos, la Generalitat se puso del lado de Gibraltar y del Reino Unido, y la oposición, muy patrióticamente, negó validez jurídica a las declaraciones antes citadas. Por supuesto, la primera ministra Theresa May también lo hizo, pero su actitud es más comprensible. El Gobierno de Gibraltar los consideró «papel mojado», lo que debe alertar sobre su credibilidad en negociaciones futuras. A todos convendría recordarles el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde se especifica que dichas declaraciones se consideran una interpretación auténtica del tratado, es decir, jurídicamente vinculante, pues hay que tener en cuenta, «además del texto», «todo acuerdo que haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado».
El Reino Unido no es parte de la declaración de la UE que reconoce a España el derecho al veto sobre los acuerdos futuros de Europa con Gran Bretaña sobre Gibraltar. ¿Cómo iba a serlo si en esas negociaciones este Estado ya no estará en la UE? Son cuestiones que conviene aclarar para conocer por dónde va el brexit y cómo nos afecta.
* Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
