La bronca y el, en ocasiones, lamentable espectáculo que se vivió en el Congreso a cuenta de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para justificar la venta de armas a Arabia Saudí oculta un hecho remarcable: probablemente lo único en lo que estuvieron de acuerdo el PSOE y su feroz oposición, PP y Ciudadanos, fue precisamente en que no hay que dejar de vender las armas previstas al régimen saudí ni hay que anular los contratos de veleros de guerra que dan trabajo a los astilleros de Cádiz. Se disfrazó de duro baño de realidad, se camufló con duras referencias a Venezuela, se edulcoró con retóricas menciones a los derechos humanos, pero el caso es que los dos partidos que han gobernado en España y el que aspira a hacerlo desde posturas que llama «liberales» no se oponen a la venta de armas. Solo la izquierda de Podemos lo criticó en nombre del derecho internacional y de los principios.

Es injusto plantear el asunto de las armas como una dicotomía entre «derechos humanos y puestos de trabajo». Es injusto para Cádiz, para cuyo sector de los astilleros ningún Gobierno ha hallado otra solución laboral que no sea la del sector armamentístico. Hay una realidad perentoria: los 6.000 empleos que dependen de que Navantia mantenga los contratos para las corbetas, que suponen cinco años de actividad industrial en los astilleros. Esto convierte en traumática cualquier decisión política que se adopte, y coloca a España en la misma tesitura de contradicciones que a muchas otras democracias del mundo. Pero la realidad es que es injusto para los ciudadanos españoles, porque los derechos humanos no son un asunto relativo, de grados, de respeto en porcentajes. Dar por hecho, como hizo el presidente del Gobierno, que la política consiste en que se pueden encontrar razones de interés común que justifiquen su vulneración es una puerta muy peligrosa de abrir.

Y es injusto porque, en realidad, el tema a debate no son ni los astilleros de Cádiz ni los derechos humanos ni los límites morales de la realpolitik una vez que se acepta que gobernar es mucho más difícil que hacer oposición. El tema de debate es la relación de España con Arabia Saudí, un asunto latente desde hace años y que antes del escándalo de Jamal Khashoggi ya dividió al Ejecutivo, con el ministro de Exteriores, en un bando, y la titular de Defensa (nada menos), en el otro.

Nada es gratis. La estrecha relación entre España y Arabia Saudí --simbolizada por sus respectivas casas reales-- puede ser beneficiosa económicamente, pero conlleva una factura política. Hoy, con el caso Kashoggi, se paga esa factura. Y se pierde de nuevo la oportunidad de mantener un debate serio respecto a qué políticas y alianzas internacionales quiere y necesita tener España.

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