Tampoco me sorprende que a estas alturas, o bajuras más bien, tengamos que andar defendiendo un principio como la libertad de expresión. Sobre todo, si tenemos en cuenta que otros principios fundamentales de nuestro ordenamiento y nuestra vida, como es la presunción de inocencia, han dejado de existir para según qué crímenes abyectos. Porque aunque a algunos nos pueda parecer una obviedad, hemos tramado un mundo en que resulta imprescindible aclarar que una cosa es la naturaleza terrible de un delito, como hemos visto estas últimas horas con las muertes violentas de estas cinco mujeres, y otra que la presunción de inocencia no sea un principio que debemos quebrar para condenar a alguien, por muy culpable que pueda parecernos. De entrada, somos inocentes, no culpables. Y es la acusación la que debe demostrar nuestra culpabilidad, y no al revés. Esto, hace unos años, lo tenía claro cualquier estudiante de primer curso de Derecho, pero hoy es algo que se pone en duda permanentemente en privado y en público, porque parece haber delitos que no necesitan de ningún proceso probatorio. Yo también te creo y esas cosas, sin necesidad de pruebas, ni de un razonamiento. Porque sí. Como si la inocencia de cualquiera fuera algo que se pudiera dirimir a un golpe de tuit. Pues algo así podría pasar, o está pasando, con la libertad de expresión, que ha vuelto a poner sobre ese banco ardiente de la musculación periodística la vicepresidenta Carmen Calvo al afirmar que, frente a las noticias falsas, la mala práctica, los bulos y la falta de una deontología periodística adecuada, la democracia está en peligro y por eso «Necesitamos seguridad».

El marco ha sido la inauguración de la XVI Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos, desarrollada este año con el título ‘¿Quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad?’, con lo que las reflexiones de la vicepresidenta, se compartan o no, vienen muy al pelo. Afirma Calvo que hay ciertos «bienes superiores que hay que proteger», que al parecer se ven amenazados por la libertad de expresión. Así, «la situación es tan inquietante y el riesgo es ya tan grande que necesitamos empezar a tomar decisiones que nos protejan, porque por encima de los negocios legítimos, de las responsabilidades profesionales, de los hombres y mujeres en los medios de comunicación y de quienes asumen responsabilidades políticas está la violabilidad del modelo educativo». Partiendo de que uno de esos «bienes superiores que hay que proteger» es la libertad de expresión, que ya tiene sus límites, no sé cuáles pueden ser esas nuevas soluciones. Añadió la ministra que este bien «no lo resiste todo, no lo acoge todo», y por eso hay que acotarlo. Más que de resistencia, yo me quedaría con la idea de amparo o de acogida en todo caso. El problema o la ventaja es que precisamente porque la libertad de expresión no lo ampara todo, tiene dos límites reales con refuerzo penal: el delito de injuria --insulto a un tercero en el concepto digamos de lo público- y de calumnia --la imputación falsa de un delito a un tercero-- que pueden dirimir casi cualquier situación. Hay otro límite: la intimidad y el honor. Con estos cuatro puntos cardinales, podríamos colegir que el resto no es silencio shakesperiano, sino libertad de expresión. Así, si una noticia falsa constituye una agresión contra mi intimidad o mi honor, me insulta, me atribuye un delito o una conducta poco decorosa, tendré instrumentos jurídicos para protegerme. Otra cosa distinta sería disparar al mensajero en plena crisis del Ejecutivo, con dos dimisiones y lo que te rondaré, además de un presidente que disfruta su sueño americano mientras aquí perdemos el sueño con una tesis que parece escrita a tijeretazos.

Cuando en 2015 el entonces ministro Rafael Catalá propuso que los medios que publicasen filtraciones fueran sancionados, Pedro Sánchez le recomendó «Que no se preocupe tanto de perseguir a aquellos que denuncian la corrupción del PP, que suelen ser los periodistas, sino a perseguir la corrupción del PP». Es el eterno pulso entre los claroscuros del poder y quienes tienen la obligación de alumbrarlos. Claro que debe haber mecanismos de defensa de la verdad, como demanda Carmen Calvo: y los hay, de hecho, aunque no creo que constituyan un problema prioritario ni para España ni para su trepidante Gobierno. Pero siempre he creído que los ciudadanos, de quien necesitamos protegernos, es de aquellos y aquellas que pretenden salvarnos de la libertad de expresión.H

* Escritor