La Sala de Admisiones del Tribunal Supremo ha desestimado investigar al presidente del PP, Pablo Casado, por irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Siguiendo el criterio del fiscal, los cinco magistrados han rechazado por unanimidad que Casado pudiera haber cometido los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio de los que la titular del Juzgado de Instrucción número 55 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, veía indicios de «responsabilidad penal». El Supremo cierra así el caso en una resolución que, aunque todos deben acatar, no cerrará la polémica. En primer lugar, porque la decisión es un ejemplo palmario de para qué sirven los aforamientos que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere eliminar. Si Casado no hubiera sido diputado, y por tanto aforado, ahora estaría imputado como lo están tres de las compañeras de su máster (por prevaricación administrativa y una de ellas también por cohecho impropio). El Supremo, sin embargo, rechaza la prevaricación administrativa porque no aprecia «indicios consistentes» de que Casado se hubiera concertado con el responsable del máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, requisito imprescindible. Sobre el cohecho impropio (aceptar un regalo ofrecido en consideración a su cargo), está prescrito si no existe prevaricación, según el Supremo. Los cinco jueces, sin embargo, aceptan que existen «indicios de que se ha dispensado un trato de favor», pero concluyen que no es delito penal. La segunda ventaja del aforamiento es que la decisión del Supremo no es recurrible ante otro tribunal. Pero ahora será difícil explicar cómo Casado se libra de los cargos mientras sus compañeras de máster siguen imputadas por los mismos hechos. Por eso, para el PP, el fallo puede servir de alivio, pero no para dar lección alguna.