Nueve mujeres y dos niñas han sido asesinadas en septiembre en España, cinco de ellas en apenas 48 horas. Las cifras, aplicadas a cualquier otra situación, soliviantarían a una sociedad que, sin embargo, pone la violencia de género entre sus últimas preocupaciones en las encuestas del CIS. Pero estos asesinatos, que además se han producido entre víctimas que habían denunciado y a las que se les había negado la protección, deben movilizar a la sociedad. Movilizar a los ciudadanos, en concienciación y en reacción cívica contra el machismo. Y movilizar a las instituciones para evitar que se cometan errores que devengan en tragedia. Asistimos a la petición de disculpas por parte de los jueces (el presidente del Tribunal Superior Vasco ha certificado el «fracaso de la justicia»), a la revelación por la Fiscalía andaluza de que existe un «colapso» en la protección a las maltratadas, y descubrimos los enormes fallos del sistema, con informes descuidados o que no llegan a la mesa de los magistrados. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género no acaba de arrancar, aunque urgen estrategias inteligentes para actuar. Se debate la posibilidad de impedir que los maltratadores accedan a sus hijos, un aspecto muy delicado, pero que debe estudiarse a fondo por si permitiera actuar con la mayor eficiencia y justicia contra esta lacra.
