El repaso de las cifras resulta suficientemente revelador sobre la dimensión del problema del despilfarro de comida en nuestro país. El consumidor es responsable del 42% de alimentos que acaban en el contenedor. Mientras, la industria y el sector primario (los agricultores) representan el 39%. La hostelería, el 14%. Y la distribución (mercados, supermercados y tiendas), el 5%. En España, en resumen, se despilfarran un total de 7,7 millones de alimentos cada año. No se trata de repartir las culpas en función de esos porcentajes, sino de fomentar la concienciación adecuada en todos los ámbitos para intentar frenar y reducir una situación indeseable. Lo es, en primer lugar, desde un punto de vista ético, pero también por impacto medioambiental y económico. Se estima que este desaprovechamiento le cuesta a cada español unos 250 euros anuales. De ahí que haya que aplaudir la reciente decisión del Senado, respaldada por todos los grupos parlamentarios, de pedir al Gobierno la creación de un observatorio para afrontar el problema. Ahora hay que esperar que se haga efectivo, con la aplicación de medidas que reduzcan el problema. Y que pasan también por un cambio de hábitos en los consumidores. Por ejemplo, con compras más limitadas y frecuentes o con la adquisición de productos de proximidad. O sin tener reparos en llevarnos a casa la comida que dejamos en un restaurante, el doggy bag, tan implantado en EEUU.