La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid decidió trasladar al Tribunal Supremo una pieza separada de la causa seguida por el asunto de los másteres de la URJC con la finalidad que el alto tribunal decidiera sobre la imputación de Pablo Casado. Al ser aforado, solo el Supremo puede iniciar el procedimiento del líder del PP sobre las presuntas irregularidades detectadas. Así lo expuso Carmen Rodríguez-Medel, que consideró que Casado participó activamente en la trama de unos estudios que se otorgaban como «regalo o prebenda» a determinadas personas. La jueza consideró «indiciariamente acreditada» la «responsabilidad penal» y la «criminalidad» en referencia a los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, por lo cual elevó al Supremo su demanda, con la solicitud de que se le requiriera la documentación para desarrollar la investigación. El mismo Casado reconoció las condiciones ventajosas que le habían permitido obtener el diploma. Ahora, la fiscalía del Supremo, aunque su opinión no es vinculante, considera todo lo contrario. Al no haber indicios de responsabilidad penal, según ella, propone que el caso sea archivado, un caso que sigue su curso en el mismo juzgado madrileño contra otros imputados sin aforamiento. El Supremo deberá decidir si hacer caso del contundente requerimiento de la jueza y abrir la causa o si mirar hacia otro lado, lo cual sería difícil de entender.