El presidente de Cataluña, Quim Torra, no pierde ocasión para defender la inocencia de sus correligionarios presos o huidos de la justicia española. Es de suponer que lo hace por una pulsión solidaria que puede ser humanamente comprensible pero que desvirtúa su papel institucional para convertirlo en un radical que elude en sus discursos a todos aquellos catalanes que quieren mantenerse dentro de España, y también a aquellos que no lo quieren hacer pero que se niegan a romper con la legalidad democrática. Esta actitud de Torra marca toda su agenda política y alienta a quienes desde el independentismo anhelan generar un nuevo momentum para provocar un escenario insurreccional.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), la CUP, los denominados Comités en Defensa de la República (CDR) y el núcleo dirigente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, junto a Carles Puigdemont, alimentan esta actitud de Torra y la extienden por las calles y las instituciones catalanas. En su cruzada, realizan legítimos ejercicios de libertad de expresión pero también tienden a ocupar los espacios públicos institucionales sin el más mínimo respeto a quienes no piensan como ellos.

Ante esta deriva del independentismo tras recuperar el poder institucional, Ciudadanos y el Partido Popular intentan romper la frágil mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso, que necesita de los votos de Esquerra, del PDECat y de los nacionalistas vascos.

Amparados en la legítima defensa de la discrepancia, Torra y sus compañeros independentistas se precipitan, en algunos momentos, en la exigencia de responsabilidades al Gobierno socialista. Les ha pasado en el caso de la defensa del juez Pablo Llarena y en la calificación de incidentes en la calle, fundamentalmente con la retirada de lazos amarillos. Están convencidos que Cataluña es el punto débil de Sánchez. Creen que una nueva aplicación del artículo 155 le pulverizaría.

Ante tanta irresponsabilidad hay que decir bien alto y claro que la defensa de cualquier idea política nunca puede justificar que se dinamite la convivencia ciudadana. Torra y su entorno deberían empezar a tenerlo en cuenta y rebajar el tono de sus declaraciones y de sus descalificaciones a las instituciones. Y la manera más eficiente para el interés general. no para el partidista, de combatir esa estrategia no es alentando la confusión sino aclarando todos y cada uno de los incidentes, con los Mossos y la Fiscalía actuando codo con codo.