Hablábamos en la primera parte de este artículo sobre el gasto farmacéutico y las pensiones. Cálculos bastante aproximados estiman que la población pensionista ha pagado desde 2012 hasta ahora unos 6.000 millones de euros en concepto de medicamentos financiados por la Seguridad Social y por los desfinanciados, adquiridos a precios de mercado libre.

Una pensión de 1.000 euros revalorizada al 0,25% supone 35€ de subida al año mientras que la media de gasto en farmacia para esa misma pensión alcanza los 120€ al año. Si nos fijamos en los medicamentos desfinanciados, los que se pagan a toca teja, del precio medio unitario de 4,92€ ha pasado en 2012, año que empezaron los copagos con un abono total de 257 millones de euros, a 8,16€ (un incremento del 66%), y en 2017 la factura total fue de 450 millones de euros, que supone un coste global del 75% más. Los copagos en farmacia degradan el poder adquisitivo de las personas pensionistas, aumentan la desigualdad y deterioran su derecho a la salud.

Si la subida global anual del 0,25 en 2017 fue de 332 millones de euros, la factura por medicamentos financiados y desfinanciados alcanzó más de 1.000 millones, una cantidad que multiplica por tres el monto total del incremento de las pensiones.

La diferencia de estos 700 millones de euros es el costo anual que los y las pensionistas pagan por los «pelotazos regalo» del PP a sus amigos de FI, vía Decreto Ley 16/2012 y del compromiso alcanzado en 2015 por el que el Gobierno se comprometió con FI a incrementar el gasto farmacéutico, según aumentase el PIB. Considerando que la economía ha crecido un 3% anual entre 2015 y 2017, supone un incremento 12 veces superior al de las propias pensiones en los últimos tres años. Y para eso sí hay dinero. Es indignante ver el doble rasero del PP, que ha usado el PIB para inducir el enriquecimiento de FI, forzando el gasto farmacéutico a los pensionistas y negándoles las justas demandas de mejora en sus rentas. Se trata de un fraude burdo y masivo.

En estos años oscuros de mayorías parlamentarias, de trágalas sin precedentes y densa opacidad ha ocurrido de todo (tramas corruptas, privatizaciones, saqueo de cuentas públicas y hasta falsificaciones académicas) y todo ello explica la impunidad con la que en el capítulo de las pensiones públicas se ha perpetrado que las subidas de rentas acumuladas a pensionistas no hayan alcanzado ni un 2% desde 2013, mientras que el IPC lo hacía 3 veces más y la factura en medicamentos crecía hasta el 75%.

Millones de pensionistas, acosados por la pobreza deben decidir si adquieren alimentos, apagan la calefacción o qué medicamentos retiran de farmacia. Son todas decisiones muy peligrosas para la supervivencia, por eso hay que denunciar que los repuntes de mortalidad y los casos de descompensación con patologías crónicas, están relacionados con esta secuela, sin que hasta ahora sepamos que ningún servicio de salud se haya interesado por un problema de salud que afecta a dos millones de usuarios.

¿Qué nos queda por decir? Que hay que hablar de todo esto con amigos, vecinos o familiares, que hay que sacar el tema de los medicamentos del circuito de las componendas de FI y el Gobierno y «bajarlo» a la calle, que el control del gasto farmacéutico es de interés del público, que somos quienes lo pagamos, no solamente de los técnicos del gobierno y las farmacéuticas. Por ello, CCOO defiende que la mejora de la prestación farmacéutica pública pasa por extender y financiar los medicamentos genéricos; que los criterios de ahorro racional, de eficiencia y eficacia terapéutica deben definir la política de adquisición más conveniente para el SNS y no al revés, como ocurre ahora. Que hay que derogar con carácter inmediato el Decreto Ley 16/2012, que se recupere la prestación farmacéutica gratuita a personas jubiladas, así como los precios de referencia y restablecer todas las atribuciones del SNS en materia asistencial: también que es necesario revertir las leyes regresivas y degradantes para los derechos y las condiciones de vida de la ciudadanía. Que en materia de pensiones, el objetivo final sea no solo volver al IPC, sino además exigir leyes que blinden el estado de bienestar en estos tiempos y en los futuros, con un aviso serio a cualquier navegante, que la época del voto rehén de pensionistas y jubilados ya ha caducado.

* Miembro de la Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba