La «trama contra el PP», como definió en el 2009 Mariano Rajoy el caso Gürtel, se ha convertido en la primera condena de un partido gobernante por corrupción en España, aunque antes lo fueran también UDC en el caso Pallerols y CDC en el caso Palau, ambos en Cataluña. La sentencia del juicio central de la trama de la Gürtel condena al PP (y a la exministra Ana Mato) como partícipe a título lucrativo. Su extesorero y exgerente Luis Bárcenas es condenado a 33 años de prisión y el cabecilla de la trama, Francisco Correa, recibe la pena mayor: 51 años de cárcel.

Ante condenas tan importantes, Rajoy repitió momentos antes de conocer su contenido la habitual letanía de que «son 10 o 15 casos aislados» y «de hace muchos años». Sin embargo, ¿cómo puede el presidente del Gobierno seguir hablando de casos aislados cuando los condenados, además del propio partido, son dos extesoreros (Bárcenas y Sanchis), un exsecretario de organización del PP gallego, un exconsejero de la Comunidad de Madrid y dos exalcaldes de municipios madrileños, entre otros antiguos cargos menores del partido?

Pero es que la sentencia considera asimismo probada la existencia de una caja b del partido, que servía también para el pago de sobresueldos, y que será juzgada en un juicio específico. La caja b destruye otro de los argumentos utilizados por el PP para minimizar la sentencia, circunscribiéndola a hechos referentes a los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El fallo describe además «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» tejido entre el PP y las empresas de Correa, en el que Bárcenas era una pieza fundamental. El fallo pone en duda la credibilidad de Rajoy y de otros dirigentes del PP cuando declararon como testigos. A la declaración del presidente del Gobierno siempre se opuso el presidente del tribunal, que es el único de los tres magistrados, por cierto, que discrepa con un voto particular de la condena al PP.

Al día siguiente de la aprobación por los pelos de los Presupuestos Generales del Estado, que parecían traer un punto de estabilidad a la agitada vida política española, la sentencia causa un terremoto político si hemos de creer las primeras reacciones. Mientras los populares intentan pasar página, Albert Rivera ha dicho que «trastoca todos los planes de la legislatura» y el PSOE estudia una moción de censura. Desde Podemos se insta a los socialistas a dar el paso hacia adelante, aunque este paso exigiría una compleja red de alianzas de difícil consecución. Por el momento, nadie dimite y habrá que esperar a ver si la legislatura --con los Presupuestos asegurados hasta el 2020-- prosigue una vez que baje la espuma de la indignación.