El 26 de marzo de 2015 el Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y solo con los votos de sus diputados, aprobó la reforma del Código Penal e incluyó el concepto de «Prisión permanente revisable» dentro del endurecimiento de las mediadas penales propiciadas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. Recurrida por toda la oposición, incluido el partido Ciudadanos (Cs), esta reforma del PP fue avalada por la Corte Penal Internacional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con ello, España se convertía en uno de los países europeos con un régimen de castigos más duros. Desde que está en vigor solo se ha condenado en firme a una persona a esta pena, aunque hay algunos procesos en espera de sentencia definitiva.
El caso del terrible asesinato del pequeño Gabriel Cruz y los recientes y no menos crueles de varias jóvenes han desencadenado una gran convulsión, que todos los partidos políticos han tratado de aprovechar en su beneficio electoral; sobre todo Ciudadanos, que ha ido mudando sus planteamientos en función del aire que soplaba desde las encuestas.
Esta semana la mayoría de los diputados del Congreso ha aprobado el inicio de la derogación de la «Prisión permanente revisable». El debate de sus señorías ha sido uno de los de más bajo nivel de los últimos años. No se han aportado argumentos políticos, ni jurídicos ni históricos. Simplemente se ha apelado a los sentimientos, incluso llevando a la tribuna de invitados a algunos de los angustiados padres que han perdido a sus hijos a manos de desalmados delincuentes.
Justicia y venganza son dos palabras que se han escuchado juntas en repetidas ocasiones durantes estos días, pero que son incompatibles en un Estado de derecho. La justicia no puede basarse en la venganza, ni siquiera en una presunta ejemplaridad. La historia, esa materia que ignoran sus señorías, ofrece abundantes muestras de ello, y por eso se sabe que la dureza de las penas jamás ha amedrentado a los criminales. Sé de lo que hablo. En 2005 publiqué mi libro, Historia de la pena de muerte (ed. El País-Aguilar), donde concluía lo siguiente: «Según las encuestas, a principios del siglo XXI existen todavía centenares de millones de personas que consideran que la pena de muerte es un castigo justo y que hay que aplicarlo a los que cometan los delitos considerados más graves en la actualidad, tales como asesinato, genocidio, violación o secuestro».
Pero las personas de bien aman la justicia y abominan la venganza. Siempre.
*Escritor e historiador
