De la lectura detenida del dictamen emitido por la comisión nombrada para la aplicación en nuestra ciudad de la Ley de Memoria Histórica podríamos extraer unas conclusiones que por las circunstancias que sean se olvidan y no parece que se vayan a tener en cuenta a la hora de retirar con deshonra el nombre de su plaza a don Antonio Cañero.
El señor Cañero, al encontrase en Córdoba, como militar en situación de retirado, como si hubiera estado de permiso o a la espera de destino, tenía la obligación de presentarse a las autoridades que promulgaron el Bando de Guerra bajo amenaza de juicio sumarísimo, por lo que se puede presumir, pero nunca aseverar, que lo hizo de forma voluntaria.
Aunque determinados historiadores lo sitúan «comandando» determinadas unidades destinadas a la represión, esta circunstancia es imposible ya que al pertenecer al Cuerpo Militar de Equitación, y ser este un cuerpo auxiliar asimilado, como Farmacia, Oficinas o Músicas Militares, no puede en ningún caso detentar mando operativo en tropa.
El señor Cañero no obtuvo durante la contienda ningún ascenso «por méritos», sino que mantuvo su categoría militar, que ya tenía, y tan solo recibió la concesión de la Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, que, como todo el mundo sabe, se concede de forma automática una vez alcanzados determinados años de permanencia en el Ejército.
El señor Cañero no perteneció a ninguna formación política paramilitar como Falange o Requetés, ni a ningún grupo incontrolado que ejerciera durante la contienda actividades de represión a la población civil.
Al señor Cañero no se le puede acusar de genocidio, es decir, exterminio sistemático y deliberado de un grupo social o étnico, cuando se limitó, como militar profesional, a cumplir las órdenes emanadas de sus superiores, como enlace, y nadie ha podido demostrar lo contrario.
Por otro lado, es de sobra conocido que la propaganda, basada en la exageración o incluso la mentira, es un arma eficaz utilizada por los contendientes en todas las guerras, y, en este sentido, todo lo publicado en aquel tiempo a su favor o en contra, ya sea por uno u otro bando, se desacredita por sí mismo.
Pero, sobre todo, del extenso informe emitido por esta comisión, lo que más llama la atención es que tan solo se dediquen dos líneas para decir que este señor donó altruistamente 55.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad destinados a la construcción de un asentamiento que acogió a cientos de familias desfavorecidas por las inundaciones. Esta donación fue la base para la construcción y desarrollo de una de las barriadas más queridas de nuestra ciudad. Esta donación tendría hoy un valor de varios millones de euros.
Tampoco se tiene en cuenta que, sin fútbol ni televisión, la tauromaquia era un espectáculo de masas y que este cordobés fue el más importante rejoneador de todos los tiempos.
Retirar una placa de una plaza no impedirá que el señor Cañero pase a la historia como un cordobés famoso por su profesión y altruista con sus paisanos, nunca como genocida.
Los que hoy tienen que valorar los terribles sucesos de la Guerra Civil tienen la obligación de aplicar con rigor, pero también con justicia, la Ley de Memoria Histórica, y esta debe ser un instrumento eficaz que sirva a todos para honrar y acompañar en el sentimiento a todas aquellas familias rotas de dolor en su día. El que esto escribe es nieto materno de Firidio Marcio Sáez Estecha, muerto en Baena a manos de elementos de la Columna Sáenz de Buruaga, enterrado en fosa común y no recuperado, y nunca en nuestra familia se ha tenido el más mínimo atisbo de rencor ni venganza. Antes al contrario, esta ley debe ser un instrumento fundamental para que podamos educar a nuestros hijos en valores que impidan que las circunstancias que llevaron a aquella guerra fraticida nunca vuelvan a repetirse.
* Presidente de la Federación Provincial Taurina de Córdoba
